MLP

Movimiento para la Liberación de los Pueblos

Binomio:

Candidata a presidenta: Thelma Cabrera

Candidato a vicepresidente: Neftaly Matías López Miranda

Año de fundación: 2018


Plan de gobierno

A partir del ideal del Buen Vivir, impulsado por los movimientos sociales que conforman el MLP, y en los 14 ejes temáticos de la propuesta de CODECA contenidos en el documento Vamos hacia un Proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, el MLP presenta ahora un plan de gobierno dirigido a atender los problemas más urgentes del país, como la explotación, la desigualdad, la pobreza, el racismo, la inseguridad ciudadana, la deficiente salud pública, la mala calidad de la educación y la corrupción del sistema económico, que ha dado como resultado el secuestro y la corrupción del Estado por más de 500 años por parte de la oligarquía.

 

 

 

  1. Funciones y modelo de Estado

 

Las políticas y ajustes neoliberales han impulsado desde los años noventa la privatización de servicios públicos básicos como la energía eléctrica, el transporte aéreo y ferroviario y la telefonía, entre otros. Junto a la privatización, esos ajustes neoliberales impusieron al Estado la obligación de reducir sus aparatos administrativos (despedir personal) y minimizar las reglas de control hacia las empresas privadas para dejar que los mercados se autorregularan. Esto ha probado ser una imposibilidad en sí misma en todo el mundo.

 

Esas políticas han tenido como consecuencia global Estados débiles, destinados a ser oficinas de trámite de contratos y licencias con escaso o nulo poder de control y regulación del actuar de las empresas frente a los recursos naturales, sus trabajadores y sus consumidores.

 

Otro resultado negativo de esas políticas ha sido el incremento del costo de la obra pública y su mala calidad, pues la reducción de los Estados ha implicado que la construcción física se haga obligadamente por medio de empresas privadas, cuyo objetivo es generar ganancias privadas y no erigir obras públicas duraderas y de buena calidad.

 

 

1.1 Recuperación de los servicios y bienes del Estado

 

El MLP hará una profunda revisión de los contratos de privatización de bienes y servicios del Estado, tales como la energía eléctrica, los ferrocarriles y otros, para determinar si son lesivos (que perjudican) a los intereses del Estado y de la población. En caso de establecerse la lesividad, se iniciarán procesos legales para anularlos y con ello recuperar los bienes públicos y prestar dichos servicios por medio del Estado. Esta medida, además de generar empleo público, bajará los costos a los usuarios al eliminar el criterio de lucro desmedido que las empresas privadas tienen.

 

 

 

 

 

El MLP impulsará una revisión de todas las concesiones de frecuencias radioeléctricas como las de los canales de televisión abierta, las frecuencias de radio, las bandas de telefonía móvil y las de transmisión de datos por internet, para determinar si cumplen los requisitos legales y si son o no dañinas para los intereses del Estado. De ser dañinas las anulará y hará concursos públicos para otorgarlas a los mejores oferentes.

 

El MLP hará una profunda revisión a la Ley de Telecomunicaciones para democratizar el uso de los medios de comunicación social, evitando la concentración de medios en pocas manos y transparentando los procesos de otorgamiento de las licencias correspondientes. Además, en esta reforma se incrementarán las tasas que los concesionarios deben pagar por el uso del espectro radioeléctrico, y con los ingresos que se generen por esta vía se fortalecerá a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que tenga un rol de efectivo órgano rector de esta actividad.

 

 

El MLP desarrollará una política de promoción y crecimiento de las radios comunitarias para que las comunidades puedan tener acceso a éstas sin costo alguno.

 

 

1.2 Estructura administrativa del Estado

 

El MLP quiere para Guatemala un Estado sólido, no necesariamente grande, que preste buenos servicios, que dé atención de calidad, que controle a las empresas privadas y vele por los derechos e intereses de los guatemaltecos frente a ellas, y que tenga al personal mejor calificado para cumplir con cada una de sus funciones.

 

Para MLP es una prioridad nacional conocer la situación y calidad del personal del Estado. Por eso hará un censo o inventario de las personas que trabajen para las instituciones públicas con el fin de determinar cuántos empleados hay, qué funciones tienen, qué calidades reúnen y cuánto ganan. Esta medida servirá para eliminar las plazas fantasmas y reubicar a las personas en los puestos en los que mejor puedan servir.

 

El MLP revisará la política salarial del Estado y velará para que en el sector público le corresponda el mismo pago a quienes desempeñan el mismo trabajo, y evitará los contratos por servicios profesionales abusivos y los salarios excesivos.

 

El MLP, por ser un instrumento político de la clase trabajadora, será respetuoso y velará por que se cumplan los derechos de los trabajadores tanto en lo público como en lo privado. Sin embargo, para atender las denuncias sobre pactos colectivos públicos abusivos que afectan los fondos públicos otorgando derechos excesivos a trabajadores, hará una revisión de dichos pactos para determinar si cumplen con los requisitos legales y si no dañan los intereses del Estado. De ser así, iniciará los procesos legales para declararlos nulos. Además, iniciará los juicios para castigar a las autoridades y empleados que resulten responsables de firmar esos pactos abusivos.

 

El MLP impulsará las reformas necesarias a la Ley del Servicio Civil para que trabajar en el Estado sea un privilegio de las personas que tengan mejor capacitación, que demuestren honradez y que destaquen por su espíritu de servicio. En el Estado no solamente trabajan

 

 

 

profesionales; también hay técnicos y personas con baja formación académica pero que llenan los requisitos para las tareas que deben cumplir.

 

El MLP impulsará la evaluación del desempeño de todos los empleados del Estado, con el objetivo de que quienes no tienen las calidades y capacidad para ser empleados públicos puedan ser despedidos de la administración pública por una causa justa, o bien reubicados en donde puedan ser útiles según sus capacidades.

 

El MLP promoverá un programa permanente de capacitación y ascensos por mérito para los servidores públicos.

 

 

Para atender las demandas de las comunidades y pueblos sobre acercar el Estado a la población para tener mayor participación en la toma de decisiones y mejores servicios y atención en las comunidades y poblados, el gobierno del MLP impulsará un proceso efectivo de descentralización y desconcentración de la administración pública, trasladando competencias y poder de decisión a los gobiernos municipales y creando oficinas departamentales y municipales de las dependencias más importantes.

 

El MLP impulsará una política de atención al usuario en su propio idioma en todas las oficinas municipales y departamentales del país.

 

 

  1. Medidas en materia de derechos humanos individuales y colectivos.

 

El MLP respetará y dará total cumplimiento a los acuerdos, convenios y tratados de derechos humanos firmados por Guatemala. Asimismo, impulsará la aprobación de aquellos instrumentos jurídicos aún pendientes en la materia, brindando especial atención a las áreas con mayores rezagos en el cumplimiento y efectividad de los derechos, como es el caso de los pueblos indígenas, las mujeres, los trabajadores, y los derechos económicos, sociales y del medio ambiente, entre otros.

 

El MLP, con la visión de construir el Estado Plurinacional, y sobre la base del derecho a la libre determinación de los pueblos, reconocido en las Declaraciones sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU (2007) y la OEA (2016), impulsará en el Congreso de la República la aprobación de la Ley de Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, sobre toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles. La consulta representará un canal de participación para los pueblos y no un mecanismo protocolario de validación de decisiones previamente tomadas por los funcionarios de gobierno. Por tanto, deberá facilitar un espacio de diálogo crítico sobre el modelo de desarrollo a adoptar, en el cual la voz de los pueblos y comunidades afectadas sea vinculante.

 

El MLP impulsará en el Congreso las reformas necesarias al Código Civil para que se reconozca legalmente el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas.

 

 

 

 

 

 

Asimismo, durante el proceso de construcción del Estado Plurinacional, el MLP se compromete a cumplir y desarrollar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los cuales están contenidos en la Constitución Política de la República. E igualmente a velar por el respeto de los derechos individuales de toda la población.

 

 

 

 

  1. Medidas en el sistema político

 

El MLP, atendiendo a las demandas de la población sobre la necesidad de evitar que los cargos públicos se vuelvan escudos de inmunidad para políticos corruptos, presentará una reforma a la Ley de Antejuicio en este sentido.

 

 

El MLP se compromete a que los candidatos suyos que resulten electos no usarán el derecho de antejuicio como escudo de inmunidad y, en caso necesario, se pondrán a disposición del sistema de justicia para colaborar con la investigación que corresponda.

 

Mientras el proceso de Asamblea Constituyente llega al punto en el que se abra un debate sobre la importancia de canalizar la participación popular por medio de formas de organización política históricas (como las formas ancestrales de organización y autoridad o los movimientos sociales), además de los partidos políticos, el MLP impulsará reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para que además de los partidos políticos nacionales, también otras figuras como los partidos distritales, puedan postular candidatos a diputados, pues esto facilitará la participación de los pueblos indígenas por medio de estructuras de organización propias. También se impulsará una reforma para que todo el financiamiento de las campañas políticas sea completamente público, lo que permitirá igualdad de condiciones en espacios publicitarios de radio, televisión y otros medios.

 

 

  1. Medidas en el sistema económico

 

Para el MLP la economía debe ser un instrumento para la mejora de la vida del ser humano, y no la vida del ser humano un instrumento para la economía.

 

Si bien la generación de ingresos para el financiamiento del Estado es importante, para el MLP es más importante la gobernabilidad social y el respeto a los derechos de las comunidades.

 

El MLP impulsará el desarrollo material también desde una lógica de pertinencia cultural y de género, para la atención de las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales de todos los guatemaltecos, mediante el estímulo a formas innovadoras y sustentables de generación de energía y de aprovechamiento de los recursos naturales. También desarrollará proyectos productivos que respeten los sistemas sociales y políticos de los pueblos indígenas, como la conservación de bosques, el turismo comunitario sostenible, los huertos y la agricultura comunitaria.

 

 

 

 

 

Para el MLP, el desarrollo económico desde la gestión cultural se refiere a la búsqueda, negociación, impulso y utilización de recursos económicos, sociales y de cualquier otro tipo en función de desarrollar a las comunidades y colectividades humanas desde sus propias lógicas culturales, reivindicando sus identidades y no negándolas ni subordinándolas a formas de imposición de proyectos de desarrollo que no reconocen dicha diversidad y que no tienen pertinencia en cuanto a las necesidades reales de la población de las distintas regiones.

 

Para reducir la pobreza y la desnutrición, así como para reactivar las economías locales, el

MLP desarrollará dos programas concretos:

 

 

  1. Un programa de remesas condicionadas enfocado en las mujeres, para que las familias de más escasos recursos tengan un ingreso mínimo proporcionado por el Estado, para la compra de comida y para cubrir sus necesidades más básicas. La remesa será condicionada a la salud preventiva y a la educación obligatoria de los hijos de las personas beneficiarias.

 

  1. Un programa de apoyo al pequeño agricultor y al agricultor de subsistencia, que incluirá usufructo de tierra, dotación de insumos y asistencia técnica.

 

El MLP apoyará el desarrollo de la pequeña y mediana empresa por medio de un programa de garantía de créditos y facilidades tributarias, y por medio de la aprobación de la Ley Antimonopolios que manda la constitución desde 1986 y que no se aprueba porque las grandes empresas monopolistas lo impiden mediante sus diputados en el Congreso. La Ley Antimonopolios no solo permitirá el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, sino que también, por medio de la libre competencia, hará que los precios de los productos bajen en beneficio de los consumidores.

 

El MLP hará que el Estado pase de ser un mero tramitador de licencias, patentes y autorizaciones, a ser un verdadero regulador y rector de las actividades económicas públicas y privadas, a fin de que, en armonía, éstas cumplan la finalidad del bienestar de todos los ciudadanos. Así como el Estado otorga licencias y patentes, también tendrá la posibilidad de retirarlas e imponer sanciones a las empresas que no cumplan con las reglas del libre mercado o que no respeten los derechos de los consumidores o que afecten la construcción del Buen Vivir para la ciudadanía entera.

 

El MLP fortalecerá la Dirección de Atención al Consumidor y hará que exista una oficina de ella en cada cabecera municipal, para que vele por el respeto de los derechos de los consumidores ante las empresas, y que imponga las sanciones correspondientes a las que los violen.

 

EL MLP hará que el Estado haga valer su carácter de gran consumidor y su solvencia crediticia ante todas las empresas que le venden bienes o le prestan servicios, para obtener precios bajos especiales y trato preferencial en todos sus contratos. Debido al secuestro del Estado por la corrupción político-empresarial, éste ha sido visto como botín de saqueo por medio de contratos muy caros y perjudiciales al interés público, en favor de las empresas que pagan las campañas de los políticos que llegan al poder. El Estado dejará de ser un

 

 

 

objeto de saqueo por parte de la élite económica. Por medio de este proceso de separar del Estado al poder económico, se combatirá efectivamente la raíz de la corrupción pública.

 

Para el MLP, las políticas económicas a implementar tendrán como eje central el fortalecimiento de la producción como mecanismo de creación de empleo, en sustitución de la actual política económica que favorece al capital especulativo financiero, que inicia con la creación de déficit en el presupuesto del Estado para que éste se vea obligado a reclamar crédito en el sector bancario privado, cuando este dinero debería servir para que cualquier guatemalteco pueda tener acceso a crédito bueno y barato.

 

 

 

  1. Medidas en el sistema de salud

 

El MLP concibe la salud como un fundamento básico de la sociedad próspera. Ninguna sociedad puede desarrollarse de manera plena si no goza de salud integral física, mental y emocional.

 

Para el MLP la salud pública es un pilar del Buen Vivir, por lo que su recuperación será considerada como una emergencia nacional y su presupuesto será de los más altos del gobierno.

 

En materia de salud, el MLP trabajará en dos niveles de atención: la salud preventiva o primaria y la remedial o secundaria. Por medio de una eficaz atención preventiva se buscará minimizar los casos que atenderá el otro nivel, sin dejar de atender cualquier urgencia o proceso que se necesite, sin distinción alguna. La salud preventiva será incentivada por medio de un programa de remesas condicionadas a las personas de más escasos recursos, quienes deberán demostrar que ellos y sus hijos han asistido a las consultas preventivas para tener derecho a recibir la remesa.

 

El MLP impulsará un sistema de salud intercultural en el que se reconocerá y fortalecerá la medicina ancestral de los pueblos y se dignificará el trabajo de las comadronas y los médicos tradicionales comunitarios.

 

Para el MLP, la recuperación de la infraestructura en la salud es prioritaria. Por ello establecerá clínicas comunitarias (en comunidades, caseríos, zonas, cantones, aldeas), hospitales municipales, hospitales departamentales y hospitales nacionales.

 

Todos los centros de salud atenderán todas las especialidades, y de acuerdo a las necesidades del país, se establecerán centros de especialidades específicas. El abastecimiento de medicamentos y de insumos será de alta calidad y prioritario.

 

El MLP hará los procesos de compra de medicamentos e insumos de forma pública y transparente, buscando eliminar las prácticas clientelares corruptas que se han seguido siempre para beneficiar a las empresas farmacéuticas afines a los gobiernos.

 

 

 

 

 

 

El MLP dignificará al personal honesto y trabajador del sistema de salud pública; progresivamente se mejorarán sus salarios y se les brindará acompañamiento psicológico para que desarrollen su trabajo con plenitud.

 

Para el MLP, ninguna enfermedad, trastorno, accidente o condición de salud será discriminada; todas serán tratadas dándoles la misma importancia, sin que el origen, la necesidad o solvencia de recursos ni la condición social o étnica de la persona lo definan. Toda persona será asistida de manera digna y de ninguna forma será considerada una mercancía u ocasión para lucrar mediante la venta de servicios e insumos médicos.

 

 

 

  1. Medidas en el sistema judicial

 

El MLP se compromete a asignar un mayor presupuesto al sector justicia con la condición de que ese dinero se use para acercar la justicia a las comunidades, abriendo más juzgados y más fiscalías del Ministerio Público, pero sobre todo más oficinas y más personal del Instituto de la Defensa Pública Penal para defender de forma gratuita, eficiente y en su propio idioma a quienes lo necesitan.

 

Las nuevas oficinas tendrán como principal característica que el personal contratado o trasladado a ellas hablará el idioma indígena mayoritario del lugar y, si eso no fuera posible, el personal deberá contar con un traductor jurado del idioma que corresponda. Estas oficinas tendrán una estrecha relación de apoyo y coordinación con las autoridades indígenas del lugar.

 

El MLP se compromete a que sus diputados en el Congreso apoyen la selección de los magistrados más honestos, mejor capacitados y que demuestren independencia en su actuar. El MLP se opondrá y denunciará los pactos que otros partidos hagan en el Congreso para nombrar magistrados que les garanticen impunidad.

 

 

  1. Medidas en el sistema de seguridad

 

El MLP tiene claro que buena parte de la violencia y la delincuencia que sufre Guatemala es consecuencia de los problemas estructurales del país, tales como los que producen la desigualdad y la pobreza, así como de problemas culturales, como la discriminación y el racismo, arraigados en las mentalidades de la sociedad guatemalteca como resultado de una herencia colonial que aún no se supera porque la hegemonía oligárquica la reproduce por todos los medios a su alcance. Por ello, el MLP afirma que la seguridad ciudadana no se limita a tener más y mejores policías, sino que es necesario mejorar las condiciones de vida de la población y generar oportunidades de empleo, horizontes de progreso individual y colectivo, y espacios para el arte, el deporte y el esparcimiento creativo en general.

 

Para el MLP, el desarrollo cultural de las mayorías es un elemento que aportará mucho en la trasformación del contexto de inseguridad y violencia en el país. Y, teniendo en cuenta que lo popular está íntimamente asociado a lo público, para el MLP es imprescindible

 

 

 

 

rescatar, restaurar y potenciar los espacios públicos por medio de una política que se enfoque en la masificación de la educación para el arte y el deporte, como prácticas que permitan a las poblaciones hacer uso de sus espacios retomándolos y organizándolos en función del desarrollo humano de todos. Al hacer esto se estimulará el control y la apropiación populares de los espacios públicos a partir de la gestión y desarrollo de la misma población, con lo cual se logrará que las colectividades ciudadanas se ejerciten en la libertad y la creatividad como elementos esenciales del desarrollo humano. Esto significa también “crear ciudadanía”.

 

El MLP impulsará un proceso de dignificación de la Policía Nacional Civil (PNC) que incluye la aprobación de la Ley de la Carrera Policial, para que el ingreso y los ascensos institucionales se den con base en los méritos de sus miembros. La carrera policial será también un mecanismo de estabilidad laboral que evitará que los políticos de turno remuevan a los oficiales honestos por no prestarse a sus intereses. Será terminantemente prohibido que los mandos altos no hayan sido parte de la carrera policial desde su nivel más bajo.

 

 

Cómo parte de la dignificación de la PNC, el MLP asignará un mayor presupuesto para los salarios, la compra de uniformes, municiones, vehículos, combustible y otros insumos que se necesitan para el cabal cumplimiento de sus funciones.

 

El MLP propone que la PNC tenga un mayor contacto y cercanía con la población, por lo que hará una revisión del modelo de rotación de personal y analizará si un nuevo modelo, en el que el agente pertenezca a la comunidad a la que sirve y viva en ella, sea más conveniente tanto para la comunidad como para el agente, quien no tendrá que abandonar a su familia para prestar sus servicios.

 

 

  1. Medidas en el sistema educativo

 

El MLP concibe la educación crítica como uno de los pilares de la sociedad próspera y del Buen Vivir para todos, por lo que brindará educación pública de alta calidad y gratuita para todas las personas sin distinción alguna. Para ello, proporcionará el presupuesto adecuado para que padres, estudiantes, profesores y personal administrativo desarrollen la actividad educativa con dignidad. De esta manera, el Estado retomará su papel de formador de ciudadanías mediante una educación interculturalizadora y plurinacional.

 

El MLP procurará que ninguna comunidad quede sin servicios educativos, los cuales van desde la educación pre-primaria hasta la educación superior (universitaria) de grado y posgrado, proporcionando infraestructura digna y los insumos necesarios para el óptimo desarrollo de la actividad educativa.

 

El MLP, para incentivar la educación de los menores de edad, condicionará la entrega de la remesa correspondiente a los padres que formen parte del programa vigente, a que sus hijos asistan a la escuela y que se encuentren al día en el cumplimiento de sus tareas escolares.

 

 

 

 

 

El MLP garantizará que todos los estudiantes hasta el nivel de secundaria reciban en los centros educativos públicos una merienda o “refacción” escolar de alta calidad nutritiva para facilitar el proceso educativo. Según la disponibilidad de recursos, esto se ampliará a dos meriendas escolares diarias.

 

El MLP se asegurará de que la educación deje de promover la cultura del neoliberalismo y todas las formas de individualismo anti-comunitario que conlleva la explotación y acumulación privada en detrimento de la libertad y la creatividad de las personas, la sociedad y la naturaleza, para dar paso a una educación que estimule la cultura comunitaria, la solidaridad, el humanocentrismo, el pensamiento crítico y el desarrollo de la ciencia; todo esto al servicio integral de los pueblos y del horizonte del Estado Plurinacional. En esa línea, es prioritaria la cancelación de la mal denominada “reforma educativa”, la cual neoliberalizó la educación desde el gobierno de Álvaro Arzú, y principalmente durante los gobiernos de Óscar Berger, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Igualmente lo es la superación del llamado Currículum Nacional Base, el cual carece de pertinencia histórica local, pues privilegia los criterios del multiculturalismo neoliberal.

 

 

El MLP estructurará el proceso de enseñanza-aprendizaje para transformar el sistema educativo de raíz, desde los conocimientos y desde la práctica. El objetivo es formar sujetos críticos y profesionales dignos que a su vez dignifiquen su actividad, y no clientes ni explotadores ni operarios del sistema.

 

El MLP dignificará la carrera docente, reestablecerá la carrera técnica de magisterio a nivel de diversificado, y progresivamente incluirá a todos los maestros en el presupuesto nacional de educación para eliminar la contratación por servicios profesionales. También garantizará la seguridad social para todos los maestros públicos.

 

El MLP impulsará la educación bilingüe, para lo que dará preferencia en la contratación a maestros que hablen correctamente los idiomas propios de las regiones, así como el castellano, y entiendan las dinámicas culturales locales, a fin de que sean capaces de resaltar críticamente el valor de la diversidad cultural del país. En los centros educativos de poblaciones en las que prevalezca el español, será obligatorio impartir uno de los idiomas indígenas más hablados en la región.

 

Para el MLP, la educación bilingüe es un campo cultural prioritario entendido como un instrumento para la emancipación y liberación de los pueblos. Para lograr su éxito, es necesario hacer protagonistas a todas las personas involucradas en la educación formal y no formal en las comunidades, descentralizando y descolonizando los contenidos educativos, lo cual obliga a superar de raíz el llamado Currículum Nacional Base. Es necesario también descentralizar, descolonizar y despatriarcalizar la institucionalidad del Estado Nacional guatemalteco mediante contenidos y acciones que proyecten una visión y una práctica plural e integradora por medio del proyecto del Estado Plurinacional, el cual respetará y reconocerá plenamente las diferencias, y en el que también participarán activamente todos los pueblos construyendo sus propias formas de educación, sin que esto riña con la institucionalidad educativa estatal, única y democrática.

 

 

 

 

 

Así, el MLP propone fundar un sistema educativo que parta de las prácticas cotidianas y de las realidades de los pueblos, y no seguir con la réplica, en el idioma regional, de un currículo incoherente y descontextualizado de nuestra realidad intercultural.

 

El MLP garantizará el otorgamiento pleno del presupuesto que manda la Constitución a la Universidad de San Carlos de Guatemala y, progresivamente, asignará más presupuesto a la misma para el fortalecimiento y creación de más centros universitarios o de más universidades públicas adscritas a su sistema en todo el país.

 

 

  1. Medidas para la democratización intercultural

 

 

En materia de interculturalidad, el MLP democratizará las relaciones interétnicas, pues éstas acusan una práctica constante de interdiscriminación violenta basada en mentalidades coloniales. Esto se debe a que estas relaciones se originaron durante la colonización europea, cuando el mestizaje biológico y cultural creó sujetos sociales nuevos que antes no existían, como el indio, el ladino, el criollo, el negro, el zambo y otros. Y estos sujetos conformaron sus subjetividades y se relacionaron entre sí a partir del falso criterio de la superioridad europea, tanto por afirmación como por negación.

 

EL MLP realizará la democratización de nuestra interculturalidad, es decir, de nuestras relaciones interétnicas, mediante la comprensión crítica masiva del origen histórico de nuestras diferencias, para conformar un sujeto de conciencia popular e interétnica que, críticamente consciente de su especificidad cultural, sepa valorar al “otro” como igual a partir del conocimiento histórico-crítico de sí mismo y de sus otredades. Es decir, el racismo será combatido a partir del conocimiento histórico y crítico de nuestra diversidad, y no mediante normas de corrección política, pues éstas no son sino formas astutas de disfrazar nuestras mentalidades coloniales mediante un conductismo de comportamientos socialmente aceptados que ocultan convicciones racistas subjetivamente no superadas.

 

El MLP implementará una campaña masiva y permanente de educación interculturalizadora mediante la comunicación de masas y la pedagogía crítica, utilizando a los ministerios de educación, cultura y otros, a fin de formar en el corto plazo a un sujeto popular interétnico que encarne la unidad de nuestra diversidad desde su mestizaje específico, según la nación cultural o pueblo al que pertenezca. De esta manera, las autonomías indígenas y la educación intercultural tendrán una base cognitiva crítica y no partirán de ideologías neoliberales como el multiculturalismo, la acción afirmativa y la corrección política, que han conformado la agenda de la cooperación internacional y de la falsa sociedad civil oenegista, pro-neoliberal y disfrazada de conjunto de “movimientos populares” que hemos padecido desde la firma de la paz en 1996. En efecto, fue en esta fecha –durante el gobierno oligárquico de Álvaro Arzú– cuando el capital corporativo transnacional llegó a nuestro país junto con las privatizaciones de lo público y la cooperación internacional como sustituta del Estado en materia de desarrollo social.

 

 

 

 

 

 

 

Con estas medidas entraremos en una nueva era de interculturalidad democrática, libre de discriminaciones y racismos, encaminada hacia el nuevo Estado plurinacional que resultará del masivo proceso en marcha de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.

 

 

  1. Medidas de política ambiental

 

El MLP considera que los problemas ambientales son consecuencia de las contradicciones económicas y políticas del país, las cuales son generadas a su vez por las relaciones de poder instauradas por la élite económica dominante. No son un problema solamente ecológico, sino también económico y social. Por ello, es imposible que se resuelvan sólo desde la ecología o sólo por medio de campañas de concientización. Es imprescindible resolver primero las causas y las formas de la explotación de la tierra, de los bienes y recursos naturales, y cambiar las políticas de desarrollo material. Estas últimas están pensadas solamente en perspectiva de la acumulación de capital por la élite económica.

 

 

Así como la clase trabajadora es concebida por el sistema dominante como una mercancía más que puede ser manipulada y desechada en cualquier momento, la naturaleza también lo es. En ese sentido, para el sistema dominante resulta rentable cualquier bien natural al convertirlo en un recurso de acumulación privada y generación de capitales. Para el actual sistema económico, la naturaleza es un bien a explotar, y no la condición básica de nuestra existencia.

 

El MLP propone que las políticas económicas de su plan de gobierno sean la base para resolver los problemas ambientales. El ministerio de ambiente y recursos naturales trabajará de manera articulada con los ministerios de economía, agricultura, ganadería y alimentación, energía y minas, salud y comunicaciones, transportes y obras públicas, con el objetivo de salvaguardar a la naturaleza como condición de la vida humana y del Buen Vivir para todos y como bien de uso social para el beneficio económico, político y cultural de todos.

 

No sólo las áreas protegidas serán consideradas estratégicas para la salud ambiental del país, sino que todos los espacios que han sido dañados por la economía monopolista de agroexportación y por las actividades extractivas, serán recuperados siguiendo la línea del respeto ambiental. De la misma manera, el control de la economía de extracción será exclusiva del Estado, acompañada por la auditoría del ambiente dirigida de manera multi, inter y transdisciplinaria por biólogos, agrónomos, ingenieros forestales, geólogos, médicos, odontólogos, químicos, físicos, antropólogos y abogados, así como por las comunidades, comenzando por los aportes que los conocimientos ancestrales puedan brindar.

 

El MLP revisará las irregularidades en el circuito administrativo de concesiones públicas de exploración y explotación ambiental, asegurando que las mismas cumplan con todos los requisitos legales, comenzando por la celebración de la consulta previa, libre, informada y vinculante a las comunidades y pueblos afectados. Asimismo, revisará la legislación en materia ambiental y propondrá formas que impidan en lo posible la explotación y

 

 

 

 

contaminación, creando un instituto de auditoría ambiental que pertenezca en principio al ministerio de ambiente y recursos naturales, con presencia de los otros ministerios mencionados arriba. No sólo serán las multas las formas de resarcir los daños, sino también altas penas de cárcel para quien viole las leyes sobre contaminación o incumpla los trámites previos para conceder las autorizaciones. Así, todos los bienes y recursos naturales se considerarán estratégicos, sin que el Estado pueda concederlos en explotación privada si no existen las condiciones que las nuevas políticas económicas establezcan. Esto quiere decir que se separará del Estado al poder económico privado, y también se lo separará de las políticas públicas económicas y, por lo tanto, ambientales, lo cual requerirá de una armonización de la legislación interna (como la de minería o energía eléctrica) con los convenios internacionales en materia de derechos ambientales e indígenas. Lo ambiental, por ende, se integra de manera vertebral al proceso de democratización de la economía y la política como parte del proceso hacia el Buen Vivir para todos.

 

 

 

Nota final

 

Por primera vez en nuestra historia, un partido político popular surge de una organización campesina en calidad de instrumento político para concretizar los fines de la organización popular. El MLP es, pues, como se dijo, el instrumento político de las comunidades y pueblos integrados en CODECA y en los otros movimientos sociales aliados, y esto caracteriza, tanto al partido como al movimiento, como expresiones de los intereses populares.

 

El MLP entiende lo popular como el conjunto que forman todos los sectores asalariados y desempleados de nuestro país, y a ellos apela para construir el ideal del Buen Vivir para todos y todas. Esto quiere decir que el MLP, siendo una expresión política de clase campesina, se proyecta hacia todas las clases sociales que busquen mejorar sus expectativas de progreso social e individual, y para las cuales el monopolismo oligárquico constituye el único obstáculo para el desarrollo económico de Guatemala.

 

La propuesta del MLP de democratizar el acceso al capital abarca a todos los asalariados del país, así como al pequeño empresariado que no puede progresar porque se lo impiden las prácticas monopolistas. Podría incluir a la oligarquía misma si ésta decidiera participar de un capitalismo regido por la igualdad de oportunidades, la libre competencia y el control de monopolios, como base de una democracia participativa y representativa, popular y plurinacional.

 

Esta es la propuesta del MLP al pueblo de Guatemala. Esperamos que ese pueblo responda a este llamado a transformar nuestro país desde un Estado único, plurinacional y democrático, encauzado hacia la construcción del Buen Vivir para todos.

 

Descarga Documento Original:  MLP – Plan de gobierno

 

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Candidato a presidente: Freddy Cabrera

Candidato a vicepresidente: Ricardo Sagastume

Año de fundación: 2012


I.B) EJERCICIO DE LA POLÍTICA PARA EL BIEN COMÚN

 

Guatemala históricamente se ha debatido en grandes procesos de confrontación ideológica por el modelo económico, social y político que debe regir en el país, 36 años de conflicto armado interno es el mejor ejemplo de cómo la imposición y la confrontación de ideas han prevalecido en nuestra historia.

 

Es necesario que reconozcamos que tenemos diferencias ideológicas e identitarias en nuestra sociedad, la

imposición de la igualdad no es el mejor camino para poder llegar a la tan añorada y necesaria reconciliación.

 

Estamos convencidos que el Gobierno como representante de los intereses del Estado y el llamado a garantizar el bien común, tiene la obligación de ser el gran aglutinador y artífice de un gran llamado a la discusión, consulta y negociación para resolver los grandes problemas pendientes que tiene nuestra población.

 

Es por ello que, como complemento a los esfuerzos legislativos en materia de reforma del Estado, resulta imprescindible desde el organismo Ejecutivo emprender las acciones necesarias para devolver al ejercicio de la política su espíritu de servicio enfocado a la consecución del bien común. Para el efecto, la integridad en la gestión gubernamental es la clave para devolver a las instituciones (a la política) su vocación por el bien común y el servicio a la población, sabiendo que procurar el bien común es el fin último del quehacer gubernamental.

 

Es por ello que también desde el Ejecutivo los esfuerzos habrán de centrarse en la reforma institucional. Existe un amplio consenso entre los distintos diagnósticos académicos respecto a que la debilidad de las instituciones es un factor clave que ha contribuido de forma significativa al mediocre desarrollo social y económico que ha mostrado Guatemala en el largo plazo. Aspectos como lo anteriormente mencionado del sector justicia, así como otros fenómenos que reflejan debilidad institucional –como la corrupción, el débil servicio civil y el insatisfactorio proceso legislativo- constituyen muestras fehacientes de la necesidad de un liderazgo político que propicie la eficiencia de las instituciones del Estado.

 

En tal sentido, resulta esencial consolidar y fortalecer las instituciones que contribuyen crucialmente a la eficiencia y productividad de la economía nacional, entre las que cabe mencionar (i) las instituciones que contribuyen a crear y desarrollar los mercados (particularmente las instancias de seguridad y justicia que velan por los derechos de propiedad privada y el cumplimiento de contratos generados por la práctica del libre mercado); (ii) las instituciones que se encargan de regular los mercados (como las agencias reguladoras, contraloras o superintendencias y las que promueven y protegen la competencia); (iii) instituciones que estabilicen los mercados (tales como el banco central y las instituciones fiscales); y, (iv) instituciones que legitiman los mercados y los hacen más aceptables para todos los grupos de población (como seguridad social, conciliación, arbitraje y manejo de conflictos).

 

En este campo, las acciones del gobierno central se enfocarán a priorizar la reforma del Estado mediante el fortalecimiento institucional, incluyendo reformas administrativas y el impulso que desde el Ejecutivo pueda dársele a las reformas legales que permitan un funcionamiento eficaz de las instituciones a cargo de la ejecución de las políticas públicas y de las instituciones a cargo del control de dicha ejecución como la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Administración Tributaria y Banco de Guatemala.

 

CAPÍTULO II SEGUNDO EJE: UN GOBIERNO AL SERVICIO DE LOS GUATEMALTECOS

 

La principal función del Gobierno es cumplir y velar el cumplimiento de los mandatos que establecen la Constitución Política de la República y las demás Leyes con probidad y eficiencia, poniéndose al servicio de los guatemaltecos en busca del Bien Común. El presente Plan de Gobierno reafirma el rol que debe cumplir el gobierno es facilitar y crear las condiciones apropiadas en áreas políticas, económicas y sociales para el emprendimiento y desarrollo de los ciudadanos en una habita armoniosa y pacífica.

 

El Gobierno debe disponer de todos sus servicios a los guatemaltecos de manera simple y fácil, sin convertirse en un obstáculo para el desarrollo y emprendimiento de los ciudadanos. Actualmente, los servicios del Gobierno son un acertijo que cada usuario debe adivinar y visitar varias veces para recibir el servicio requerido que es extremadamente deficiente y la falta de entrega de correcta información del servidor públicos a los usuarios, convierte el uso de los servicios del Gobierno en una pesadilla.

 

Las instituciones y dependencias del Estado deben ser facilitador con transparencia y probidad que prioriza el gasto público en función de los objetivos claves para el desarrollo integral. Para este objetivo se requiere de un marco regulatorio que permita la asignación eficiente de los recursos públicos con constante monitoreo y supervisión de la calidad de servicios prestado por todos los funcionarios y servidores públicos a la ciudadanía. El Gobierno debe ser un prestador de servicio eficiente, cumpliendo los plazos, procedimientos y reglamentos establecidos para tal función con obligaciones y responsabilidades. Un Gobierno al servicio de los guatemaltecos debe estar a disposición de sus usuarios, escuchando atentamente con el objeto de mejorar sus servicios con procedimiento simplificados y fácil acceso para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional.

 

La educación, la salud y la infraestructura debe estar al alcance de todos los guatemaltecos, sin concentrarse en la ciudad, obligándolos a recorrer grandes distancias para la utilización de los servicios que deben recibir. El Gobierno debe establecer estos servicios en puntos estratégicos, facilitando el uso y acceso para todos los guatemaltecos.

 

II.A) UN GOBIERNO FACILITADOR

II.A.1) LOS PRINCIPALES LIMITANTES

 

No se puede hablar de un Estado de Bienestar cuando los indicadores de pobreza y desigualdad siguen siendo elevados. Si más de la mitad de la población no tiene acceso a los medios suficientes para subsistencia, no se puede hablar de una vida digna para TODOS. Es por ello que el gobierno debe implementar acciones efectivas y reales para reducir los niveles de pobreza, sin ellos, no se puede generar un desarrollo económico integral. La aprobación del Préstamo Crecer Sano es únicamente el primer paso en el combate a la desnutrición crónica que sufre uno de cada dos niños menores de 5 años, pero es responsabilidad del Estado velar porque los recursos lleguen hacia las áreas en donde son urgentes, y velar porque las necesidades mínimas empiecen a cumplirse para la población.

 

Adicionalmente, los servidores públicos que prestan la atención al público no tienen la formación necesaria para

prestar un servicio eficiente y adecuado. La falta de un sistema de aplicación uniforme en las prestaciones de servicios implica que cada servidor aplique sus propios criterios, creando procesos no reglamentarios, rehusando la prestación de servicio al usuario, si no es en el modo que lo solicita el servidor.

 

El deplorable estado de la infraestructura y la poca competitividad del capital humano, sumados al alto índice de inseguridad y criminalidad hacen poco atractiva la inversión y el intercambio económico en Guatemala. Los elevados niveles de corrupción y la falta de certeza jurídica son los otros dos factores fundamentales, según múltiples diagnósticos, que el crecimiento económico siga estancado.

 

Esto, sumado al bajo porcentaje de la población que tributa y baja capacidad de recaudación del Estado para aumentar el presupuesto de inversión en el gasto público, el cual tampoco se ejecuta de manera transparente y eficiente, hace que la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y seguridad siga siendo una deuda con la población.

 

La fortaleza que el país cuenta es en materia de estabilidad macroeconómica pero si no se logra un consenso para mejorar los ingresos tributarios aumentando el porcentaje de la población que tributa, un combate real a la evasión fiscal y el contrabando, que a su vez garantice transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto público seguirá siendo imposible aumentar la cobertura del Estado en la prestación de servicios públicos, así como el mantenimiento de la infraestructura física necesaria para cumplirlos.

 

II.A.2) COMBATE A LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO

 

Guatemala es un país desigual, con elevados niveles de pobreza y pobreza extrema en la ruralidad. De las múltiples y contrastantes Guatemala que existen, la urbana y la rural son de las que más claramente expresan las diferencias económico-sociales que caracterizan a nuestro país y la incapacidad de las instituciones públicas para atenderlas. El país se encuentra con grandes contrastes, aun cuando la cantidad de teléfonos celulares casi duplica la población, en el interior del país aún existen muchas comunidades sin acceso a electricidad, agua potable y drenajes, y sin línea telefónica.

 

Cuando se evalúa la cantidad de personas que están inscritas al seguro social y se compara con el porcentaje de personas en edad laboral, se puede determinar que más del 80% de la población se dedica a un empleo informal o no cumple con sus obligaciones legales. Esto quiere decir que una gran mayoría de los guatemaltecos no reciben la cobertura del seguro social y no contribuyen debidamente al desarrollo económico del país.

 

La extrema pobreza es la principal causa de la disminución de la fuerza laboral: una persona mal alimentada, enferma o con carencias excesivas no tiene el mismo rendimiento escolar que una persona con condiciones de vida digna, esto es una causa que provoca el bajo rendimiento escolar y la propia necesidad por la pobreza ocasiona la deserción escolar. Por ende, disminuye la mano de obra calificada y disminuye la productividad y su capacidad de generar ingresos. Por consiguiente, Guatemala sigue siendo un país con bajos índices de innovación y la agricultura sigue siendo la principal fuente de empleo en el área rural, pero una agricultura de subsistencia incapaz de lograr romper el ciclo de pobreza y pobreza extrema en la que aún vive un alto porcentaje de la población guatemalteca.

 

Las actividades agropecuarias, primordialmente rurales, que dan trabajo a casi el 32% de todos los ocupados

(sean por cuenta propia, empleados o propietarios), apenas generan menos del 14% de la producción nacional medida por el PIB. Esto revela una bajísima productividad que explica los elevados indicadores de pobreza en el país y en su área rural.

 

La mejor forma de disminuir la pobreza es mediante un aumento sostenido de su productividad: cada quetzal producido en forma de bienes o servicios genera un quetzal de ingresos; de manera que, en la medida en que aumente el producto generado por el trabajador promedio, se generará un aumento igual en el ingreso por trabajador.

 

Las políticas públicas de desarrollo integral deben centrarse en propiciar un aumento en la productividad. Los factores que resaltan para ser priorizados incluyen la cantidad de recursos que se ahorran e invierten para equipar a la fuerza de trabajo con capital productivo (herramientas, maquinaria, equipo, infraestructura de transporte, etc.), mejoras en la salud, la nutrición, la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo, la transmisión efectiva de tecnología innovadora para la producción y mejora logística de bienes y servicios.

 

Una de las principales razones de las diferencias de bienestar entre regiones y entre estratos sociales yace en la debilidad institucional y en la ausencia del Estado en muchas áreas de la vida nacional. Por ello, además de proveer las condiciones y los bienes públicos que favorezcan los factores arriba indicados, el Estado debe impulsar un entorno institucional que propicie la operación eficiente del emprendimiento ciudadano, incluyendo la protección de los derechos de propiedad; el mantenimiento de la ley y el orden; un sistema monetario sano; la promoción de la competencia en los mercados; y, la apertura a los bienes y a la tecnología provenientes de otros países. La mejora de la productividad (que es igual a decir, la reducción de la pobreza) clama por facilitar a los trabajadores y a los productores más y mejor salud, educación, infraestructura, e instituciones.

 

 

II.A.3) EL ROL ASISTENTE DEL ESTADO: SÓLIDO Y EFICIENTE

 

El plan de gobierno de TODOS se plantea bajo la convicción del rol de asistencia que le corresponde desempeñar al Estado en su relación con el funcionamiento de las relaciones sociales. En esa visión, al Estado le corresponde promover, orientar, regular y facilitar el desarrollo socioeconómico del país y, para ello, debe priorizar la asignación de los recursos públicos. El Estado promueve los espacios para que tanto la población como el sector privado participen de las acciones del desarrollo, absteniéndose de intervenir cuando estos sean más eficientes que el propio Estado. No obstante, el Estado debe continuar cumpliendo con su rol de asistencia al desarrollo del sector privado. Más allá de las diferentes ideologías, la propuesta es fortalecer las instituciones del Estado para que estas sean eficientes y transparentes, para lograr facilitar la actividad económica y productiva en los ciudadanos que generará un estado de bienestar.

 

Un país con tantas precariedades en las que los recursos son insuficientes debe empezar a trabajarse en áreas prioritarias, con el uso adecuado de recursos y políticas de transparencia para optimizar los mismos, si no existen adecuados mecanismos de coordinación interinstitucional no se puede realizar la correcta asignación de los recursos para suplir las necesidades mínimas de la población.

 

Además, la ley de competencia ha sido un asunto pendiente durante estos últimos años. Si no se establece igualdad de condiciones, no se promueve la eficiencia en la productividad ni la calidad, en donde el consumidor

final (la población) es beneficiada.

 

Como partido TODOS en base a nuestra ideología promovemos la Economía Social del Mercado, en donde el ser humano es el centro de nuestra acción política y el Estado el garante de las condiciones para que las personas puedan generar capital. El Estado no debe controlar el mercado sino fortalecer las instituciones que generen dichas condiciones, sin intervenir más allá de lo necesario para garantizar que todos los actores compitan de manera eficiente y equitativa. Esto no significa que no existan ineficiencias o factores que puedan generar fallas en el mercado, y es ahí en donde radica la importancia de un Estado con instituciones sólidas, que permitan corregir a tiempo las fallas del mercado ya sea mediante entidades reguladoras o estabilizadoras, que regulen el derecho de competencia, el orden monetario y financiero, el orden social, laboral y garantice el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del ambiente.

 

Esto, sin menoscabar la libertad de los ciudadanos sino al contrario, al contar con bienestar económico se pueden reducir situaciones de violencia al atender de mejor manera a los grupos vulnerables mediante la previsión y la seguridad social, mismos que son importantes en el sistema de mercado. Si se aplica el principio de un Gobierno facilitador en el cual cada ciudadano sea responsable de sí mismo para ejercer cualquier actividad económica y el Estado garantiza las condiciones y asistencias necesarias para el desarrollo del libre mercado, se obtendrá el bienestar de todos los guatemaltecos.

 

 

II.B) GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

 

El partido TODOS ha manifestado siempre la necesidad y su honesta intencionalidad de que la Transparencia, Probidad y la Rendición de Cuentas se conviertan en una práctica social a desarrollar. Consideramos la transparencia, de quien administra el patrimonio de la sociedad, como la mejor arma contra la corrupción y como un requisito para una auditoría social efectiva por parte de la ciudadanía. La discrecionalidad y la escasa rendición de cuentas son las prácticas gubernamentales que deben ser erradicadas.

 

La voluntad política y el conocimiento de partido TODOS permitirá que sin burocratizar el funcionamiento de la administración pública y haciéndola más eficiente, podamos tomar las medidas que redunden en mayor transparencia y, por tanto, en eliminar las prácticas ilícitas, favoritismos y corrupción en la gestión pública.

 

En ese orden, un primer pilar fundamental para propiciar una gestión pública eficiente es la aplicación de una política de tolerancia cero y lucha frontal contra la corrupción. De igual manera, un segundo pilar de dicha gestión es el de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos en función de que el gasto sea (i) probo y eficiente; (ii) priorizado y coordinado; y, (iii) pertinente y eficaz. Es decir, el gasto público debe ser correctamente identificado y destinado al ámbito que le corresponda, siendo supervisado por medio de rendición de cuentas transparentes.

 

EL CÓMO: ACCIONES PARA LA PROBIDAD

 

 

 

  • Selección de funcionarios de alto nivel, capaces, honorables y comprometidos con el servicio público y el bien común

 

  • Creación de una Secretaría de Ética Gubernamental que facilite la auditoría social, canalice sus resultados y vigile (conjuntamente con la ciudadanía) el cumplimiento de las funciones de los órganos oficiales de fiscalización

 

  • Rescate institucional de la SAT:
    • transparentar selección y nombramiento de Directorio y autoridades

 

  • revisión de su estructura de gobernanza y rendición de cuentas
  • estandarización y protocolización de las prácticas aduanales
  • revisión de la política arancelaria

 

  • Control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos

 

  • Fiscalización de fideicomisos y ONGs que ejecuten fondos públicos

 

  • Reformas legales contra la corrupción

 

 

 

El propósito de enfatizar una gestión pública proba como base de la propuesta que se presenta consiste en propiciar un uso eficiente de los recursos gubernamentales (sean estos físicos, humanos o financieros) en función de los ejes clave de política pública anteriormente descrito. Para la ejecución de este propósito es necesario, en primer lugar, la focalización y priorización del gasto público. Lo cual debe plasmarse en un presupuesto del Estado diseñado y ejecutado con base en objetivos y metas coherentes. En segundo lugar, por una ejecución presupuestaria transparente, a la vista de la ciudadanía, sujeta estrictamente a las reglas y normativas vigentes en un marco de cero tolerancias a la corrupción, y sometida a los controles técnicos y financieros que propicien la mayor efectividad y un seguimiento continuo con base a metas específicas. En tercer lugar, el fortalecimiento y modernización de la Administración Tributaria y de las Finanzas Públicas mediante la aplicación adecuada de tecnología informática en busca de eficiencia del cumplimiento de las funciones y servicios que permitan un aumento de los recursos tributarios disponibles que puedan ser gastados con prioridad en los ejes de mayor urgencia, procurando en todo momento la disminución del déficit fiscal y una prudente utilización de financiamientos internacionales para el desarrollo integral de los guatemaltecos.

 

Se implementarán controles efectivos en los sistemas financieros del Estado para el registro de transacciones de gasto. Para este objetivo, se fortalecerán los controles, verificaciones y vinculaciones en los sistemas financieros del Estado y otros sistemas de ejecuciones oficiales (SNIP y GUATECOMPRAS) para ordenar el registro de las transacciones, mejorar la integridad y confiabilidad de la información y los estados financieros del Estado.

 

Se iniciará una inmediata fiscalización de calidad del gasto en fideicomisos y ONG en cumplimiento a lo establecido en las modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto13-2013), sobre la incorporación de los Fideicomisos y las Organizaciones No Gubernamentales que ejecuten fondos públicos, como sujetos de

 

aplicación de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones (artículo23), Ley Orgánica del Presupuesto (artículo2) y Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (artículo49). Por lo tanto, estas entidades deben estar permanentemente sujetas al cumplimiento de los procesos de compras y contrataciones que manda la ley; mantener y llevar los registros contables, de inversión pública y otros en los sistemas financieros del Estado, realizar todos los informes requeridos, y ser fiscalizados y valuados por la Contraloría General de Cuentas.

 

Además de estas implementaciones, identificamos que existe una necesidad de regionalizar a la República de Guatemala en cuatro regiones según sus características: geográfica, económica, social, climática, necesidades, forma de sustento y su potencial.

 

II.B.1) REGIONALIZACIÓN DE LA REPÚBLICA

 

Actualmente existe la Ley Preliminar de Regionalización (Decreto Número 70-86) que desde su promulgación, no ha sido aplicada, ni actualizada. De conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala se debe crear un sistema nacional de regionalización. Es por esta razón que crearemos un sistema de regionalización eficiente con el fin de lograr la celeridad en atender y solucionar los problemas que surjan en cada región, desarrollar modelo económico adecuado según las ventajas y fortalezas de cada región, descentralizando y delegando en comisionados regionales, la comunicación constante con los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores y diputados de la región, trabajando en conjunto en beneficio de la población. Las regiones serán integradas de la siguiente manera:

 

Región Departamentos
I (Norte) El Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz
II (Occidente) Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán,
Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez
III (Oriente) Guatemala, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Chiquimula y Jutiapa
IV (Sur) Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa

 

II.B.2) COMISIONADO REGIONAL

 

La principal función del Comisionado Regional será asegurar, promover y garantizar la coordinación entre los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores y diputados en la identificación de problemas y necesidades en busca de soluciones inmediatas, así como desarrollar un plan de crecimiento económico integral de la región, informando periódicamente al Presidente de la República.

 

Los Comisionados Regionales serán nombrados por el Presidente de la República, debiendo ser vecino de la región que le corresponda, a excepción de la región III (Oriente) que no podrá ser vecino ni habitar en el Departamento de Guatemala. Quienes deberán conocer ampliamente las necesidades y la economía regional de los departamentos correspondientes.

 

 

 

II.C) CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PÚBLICOS

 

II.C.1) GOBERNABILIDAD DEL GASTOS PÚBLICOS

 

Los principales obstáculos al desarrollo y al bien común de los guatemaltecos, dentro de un sistema equilibrado,

 

se han identificado 4 ejes prioritarios de acción en el ámbito de las políticas públicas:

 

  • Desarrollo humano

 

  • Infraestructura productiva

 

  • Seguridad-justicia

 

  • Paz social

 

Dentro de nuestro Plan de Gobierno se identifican las cuatro áreas prioritarias esenciales en las que debe centrarse la acción del Estado para favorecer el buen funcionamiento del mercado y la consecución del bien común. El propósito de centrarse en estos ejes es el de administrar con eficiencia los escasos recursos disponibles, en aras de lograr el desarrollo y el bienestar social a través de la mejora continua y efectiva de la economía nacional. Estos ejes fundamentales se enfocan en mejorar el capital humano (nutrición, educación y salud), el capital físico (la infraestructura), y el entorno para emprender y generar empleo (la seguridad, la justicia, la prudencia macroeconómica, el fortalecimiento institucional y la resolución de conflictos sociales).

 

La necesidad de priorizar el gasto público, focalizarlo y ejecutarlo con probidad y eficiencia implican un esfuerzo concreto por recuperar la gobernabilidad presupuestaria. Estamos convencidos de que, mediante la recuperación de la gobernabilidad presupuestaria es posible ejecutar las políticas públicas. Lo anterior implica:

 

  • Es esencial primero recuperar la moral tributaria mediante la restructuración y tecnificación de la Superintendencia de Administración Tributaria, enfocando los esfuerzos en mejorar la recaudación y ampliar la base tributaria a fin de que paguen quienes ahora no contribuyen al fisco.
  • Debe modificarse la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para que los procesos sean eficientes, transparentes y monitoreables, con el fin de lograr reducir inconsistencias en dichos procesos.

 

  • El déficit fiscal debe contenerse en niveles prudentes, proscribiendo la práctica contraproducente de financiar con deuda pública el gasto recurrente.

 

  • Facilitar las condiciones que permitan la incorporación progresiva del sector informal al sector formal de la economía mediante ajustes pertinentes a las regulaciones fiscales.

 

 

RECUPERACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEL GASTO PÚBLICO

 

 

  • Priorizar el gasto público en función de las cuatro áreas esenciales

 

  • Eliminación gradual de los ingresos con destino específico

 

  • Monitorear los pasivos contingentes y las deudas por pagar de las instituciones

 

  • Evitar los incrementos injustificados del costo de la planilla del Sector Público

 

  • Redirigir programas sociales que no son efectivos

 

  • Impulsar la Gestión Pública en base a resultados

 

  • Formalización del Sector Informal

 

  • Regular las deudas públicas que no se utilicen para el desarrollo económico integral

 

 

 

Recuperar la gobernabilidad presupuestaria requerirá de acciones decididas y concretas. En el mismo sentido,

 

se implementarán procedimientos para monitorear los pasivos contingentes y las deudas por pagar de las instituciones. Se impulsará la vigilancia constante y la cuantificación real de los pasivos contingentes de las instituciones, a través de procesos específicos para ordenar la administración de contratos, registro de pagos, cuantificación de cuentas por pagar y el registro en los sistemas financieros. El propósito principal es monitorear aquellos pasivos que eventualmente puedan hacer presión sobre las finanzas públicas.

 

Se evitarán los incrementos injustificados del costo de la planilla mediante pactos y convenios colectivos de condiciones de trabajo no consultados con las Instituciones Públicas correspondientes, pues limitan la disponibilidad de recursos de las instituciones para otras inversiones, agregan rigidez al presupuesto y dificulta la administración del recurso humano en el gobierno.

 

Asimismo, se impulsarán reformas que restrinjan el uso y contratación de nueva deuda pública que se pretenda cubrir los gastos recurrentes; que sirva como complemento al esfuerzo interno de recaudación y el ayuno presupuestario.

 

GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS

 

 

  • Mejorar la capacidad de gestión y planificación de las Instituciones del Gobierno

 

  • Profundizar en el análisis de las problemáticas

 

  • Diseñar resultados con indicadores claros, medibles y específicos

 

  • Establecer sistemas de gestión interna de las Instituciones

 

  • Permitir que los altos funcionarios puedan controlar y viabilizar la ejecución de planes

 

  • Diseñar y establecer indicadores de desempeño en las Instituciones del Estado

II.C.2) PRIMER ÁREA PRIORITARIA:

 

II.C.2.a) COMBATE A LA POBREZA

 

La pobreza constituye uno de los mayores problemas de la sociedad, quizá el más grave problema conocido hasta el momento. La pobreza genera otros serios problemas sociales como la prostitución, drogadicción, corrupción, delincuencia, violencia y otros más.

 

La pobreza es un problema mucho más grave de lo que muchos la consideran. La existencia de la pobreza y extrema pobreza en nuestro país ha sido parte de los guatemaltecos a lo largo de su historia y este hecho nos ha generado una insensibilidad, provocando que sea considerada como algo normal y usual. El nivel pobreza podría ser admisible si la proporción de la pobreza en la sociedad fuera la mínima, pero en el caso de Guatemala, la pobreza y extrema pobreza afecta a más del 60 por ciento de la población.

 

Según Fondo Monetario Internacional los programas sociales, específicamente las Transferencias Monetarias Condicionadas, no han podido contrarrestado la pobreza y la extrema pobreza, sino al contrario la han aumentado. Los programas sociales en Guatemala no han tenido resultados positivos por la falta de correcto enfoque, siendo utilizados como objetivos políticos clientelares y sin fiscalización adecuada para evitar la corrupción y mal manejo de los recursos destinados. Para obtener resultados en reducción de la pobreza, los programas sociales deben formar parte de una estrategia integral de política pública y desarrollo económico de largo plazo.

 

Primeramente, para combatir la pobreza en Guatemala, se debe fortalecer la educación y su cobertura. El bajo nivel educacional en Guatemala ha constituido como una de las importantes causas de la pobreza y falta de competitividad a nivel internacional. Debemos prepararnos como sociedad para tener una mano de obra más calificada y productiva. Está demostrado que es más rentable y competitivo pagar mejor salario a un empleado eficiente que tener varios empleados mediocres con salario bajo. Muchas empresas transnacionales que considera la posibilidad de realizar una inversión en Guatemala terminan con sus inversiones instalándose en otros países de la región con mayor calificación. Debemos combatir la pobreza con la educación y formación de nuestra fuerza laboral.

Tenemos que integrar y formalizar a la economía informal. La economía informal ocupa un alto porcentaje de la economía de Guatemala, sin embargo, no existen planes de integración paulatina. El Gobierno debe enfocarse en la formalización e integración del sector informal a la economía formal. De esta forma se logrará una mejor recaudación, pudiendo contar con mayores recursos para la inversión. La administración eficiente del presupuesto de Estado reducirá los gastos innecesarios, permitiendo contar con mayores recursos para el combate a la pobreza.

 

Los países de sudeste de Asía combaten la pobreza por medio promoción de inversiones internacionales y el aceleramiento del crecimiento económico. Se debe promover incentivos que estimulen la estabilidad macroeconómica. El desarrollo económico es la única forma de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. En este sentido es absolutamente necesario lograr la certeza jurídica en Guatemala. No puede estar sucediendo casos como el de la minería. Se debe fortalecer y trabajar en el cumplimiento de las Leyes, basado en la correcta interpretación y aplicación de la Ley.

 

Es evidente y completamente demostrado que el desarrollo de la infraestructura es clave para lograr el crecimiento económico en un país. Los países que superaron la pobreza invirtieron en infraestructura en tiempos de necesidad. Si no contamos con las herramientas para el trabajo, sencillamente es imposible trabajar. Por esta razón, nos enfocaremos energéticamente en el desarrollo de infraestructura con probidad y transparencia, haciendo que todos los guatemaltecos sean observadores y fiscalizadores. Se buscará alianzas público-privado y público-público para desarrollar todas las infraestructuras necesarias para el crecimiento económico integral.

 

Asimismo, se crearán diferentes empresas estatales para la generación de empleos y mejora de competitividad a nivel nacional y regional. La industrialización en varios sectores permitirá a Guatemala convertirse en un país exportador y dejar las cifras de importación-exportación en inversa.

 

Combatir la pobreza no será una tarea fácil. Guatemala debe trabajar unido hacía el desarrollo y crecimiento económico con la participación activa de todos los guatemaltecos para lograr la prosperidad y el bienestar social.

 

II.C.2.b) SEGURIDAD ALIMENTARIA

 

La desnutrición infantil debe ser el principal factor para mejorar. La reciente aprobación del Préstamo Crecer Sano debe ser un incentivo para impulsar unas verdaderas políticas públicas que garanticen la reducción del 49% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, es impensable que como Estado no sea prioridad el proveer alimentación mínima para que los niños no mueran de hambre, ya que además de las terribles implicaciones como daños irreversibles en el desarrollo tanto físico como intelectual de los niños que sufren desnutrición, repercute en la educación con problemas de aprendizaje, aumenta el riesgo de muerte prematura y obstaculiza el desarrollo económico del país por tener menos calificación para ejercer un mejor empleo en la adultez.

 

Esto se resolverá por medio de eficiencia y transparencia de las instituciones concernientes. Los programas del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Secretarías afines, Instituto de Ciencia y Tecnología

 

Agrícolas y todas las entidades a cargo de la seguridad alimentaria deben trabajar de manera integral en reducir esta coyuntura, sin descuidar a otros grupos vulnerables como el adulto mayor, principalmente en áreas rurales. Los programas sociales deben ser enfocados en combatir esta emergencia constantemente hasta alcanzar la meta propuesta.

 

La desnutrición es un problema de insuficiencias de ingreso. Su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos claves, como la atención a los niños desde su gestación.

 

Nuestro Plan de Gobierno contempla para la solución de la inseguridad alimentaria, alinear todas las acciones en función del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, promoviendo la eficiencia y eficacia del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como ente rector de todo lo relativo al tema, que revisará y ejecutará un Plan Estratégico reestructurado que atienda las distintas iniciativas en la materia; de manera que en el tema de seguridad alimentaria se cumplirá las normas contenidas en Ley respectiva.

 

Adicionalmente, rescatar la institucionalidad en materia de seguridad alimentaria con el fin de fomentar la producción de cultivos ricos en contenido proteico y nutricional. Como una solución al problema alimenticio y nutricional, se establecerá una industria, en colaboración con la Secretaría de Pesca, que produzca harina y masa de pescado para consumo de la población.

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

 

 

  • Alinear todas las acciones del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

 

  • Eficiencia y Eficacia del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

 

  • Revisar y ejecutar un Plan Estratégico Reestructurado

 

  • Cumplimiento de Normas contenidas en la Ley

 

  • Emplear eficientemente al Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas

 

  • Promover industria nacional de harina y masa de pescado para consumo de la población

 

II.C.2.c) EDUCACIÓN

 

La educación constituye una de las premisas para acceder al desarrollo sostenible del país. Los Acuerdos de Paz señalan que la educación y la capacitación cumplen papeles fundamentales para el desarrollo económico, cultural, social y político del país. Como derecho humano fundamental, la educación es un fin en sí misma, pero también es instrumental para el logro de otros objetivos del desarrollo como la reducción de la pobreza y de la desigualdad, el logro de una mejor salud, la efectiva participación

ciudadana, la mayor productividad de la economía y la construcción de una gobernabilidad democrática.

 

Los diagnósticos sobre la educación en Guatemala han coincidido en la identificación de dos problemas del sistema educativo: (1) la mala calidad educativa, y (2) la escasa cobertura educativa. En tal sentido, las políticas en materia de educación deben enfocarse hacia la solución de estas dos falencias, con el objeto de garantizar que todos los guatemaltecos, en igualdad de oportunidades, tengan acceso a una educación pertinente y nivelado a los estándares educativos de los países latinoamericano, que les permita mejorar su calidad de vida y enfrentar los desafíos de la actualidad. En ese orden, una adecuada calidad y cobertura educativa conlleva la formación integral de la persona mediante un sistema educativo centrado en el aprendizaje de los educandos, que les permita aprender a aprender, aprender a descubrir, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.

 

Actualmente, Ministerio de Educación no tiene la capacidad de ampliar la cobertura educativa puesto que los establecimientos educativos públicos no poseen infraestructura adecuada para la enseñanza y el aprendizaje, además de la insuficiencia de maestros actualizados y preparados para atender de manera integral a los alumnos. Adicionalmente, debe mencionarse la alta deserción escolar o falta de acceso a la educación en las niñas, que sigue siendo un problema tanto de pobreza como cultural que se ve reflejado en los índices de analfabetismo, en donde las niñas tienen poco o nulo grado de escolaridad en las áreas rurales en comparación a los niños. La educación primaria y secundaria debe de carácter obligatoria para los estudiantes, siendo una responsabilidad de los padres. En donde el mayor responsable es el Estado en establecer centros educativos en cada área necesaria para entregar las oportunidades necesarias a cada niño guatemalteco en los niveles educativos primarias, básicas y diversificadas. Asimismo, el Estado debe promover y mejorar los programas de alfabetización existentes, estableciendo metas equilibradas a la realidad nacional.

 

En vista de la necesidad de fortalecer y mejorar el sistema educativo de Guatemala, es necesario reasignar el gasto por medio del ayuno presupuestario hacia la provisión de infraestructura que pueda cubrir a mayor cantidad de alumnos. En este campo se coordinará un emprendimiento en conjunto entre el Ministerio de Educación, las municipalidades y el sector privado en busca de creación de nuevos centros educativos en las áreas de mayor necesidad.

 

Evaluar continuamente la calidad de la educación, creando un sistema de evaluación anual de los docentes y la actualización del Currículum Nacional Base. Asimismo, debe fortalecerse el sistema de evaluación existente, a cargo de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, para que en su trabajo incluya una evaluación de la calidad de la educación a todo nivel.

 

La educación secundaria o diversificada debe ser reformada e incluida como parte de educación obligatoria, que al mismo tiempo debe incluir como parte del Currículum Nacional, la educación técnica para una mayor oportunidad de empleo para los estudiantes recién egresados. Se debe fortalecer la educación técnica en los centros de formación técnica y vocacional, basado en una educación práctica que genera experiencia y destreza en los estudiantes, permitiendo que el sector privado pueda emplear, sin tener que realizar inversión en capacitar y educar al egresado que está empleando.

 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

 

 

  • Ampliación de cobertura educativa en áreas de necesidad

 

  • Reasignación de gastos en la Educación

 

  • Establecer sistemas de evaluación anual de los docentes

 

  • Promover alianzas estratégicas entre el Ministerio de Educación, Municipalidades y sector privado

 

  • Educación de carreras técnicas para una mayor oportunidad de empleo

 

  • Actualización de Currículum Nacional Base

 

  • Fortalecimiento de programas de alfabetización con metas equilibradas

 

  • Obligatoriedad de Educación de los estudiantes y Responsabilidad de los padres

 

  • Supervisión de establecimientos educativos privados

 

 

 

 

II.C.2.d) SALUD

 

La salud de la población es esencial para lograr niveles de crecimiento económico que permitan combatir efectiva y sosteniblemente la pobreza. La crisis que en materia de salud vive la población guatemalteca, agudizada por la ausencia de planes estratégicos y políticas públicas permanentes, dinámicas y con visión de largo plazo, constituye un obstáculo enorme para la productividad y el desarrollo del país. Las políticas de salud preventiva no han logrado ir más allá de campañas de vacunación, que son necesarias y deben ser ampliadas en su cobertura. Las enfermedades gastrointestinales a causa de la contaminación del agua y de alimentos son aún muy comunes en Guatemala por malas prácticas de higiene. Por esta razón, existe una necesidad urgente de mejorar la calidad del agua y el suministro constante y permanente de agua potable en toda la Nación. Sin esta cobertura mínima a la población guatemalteca, no puede hablarse de condiciones mínimas de la salud preventiva.

 

Existen datos que demuestran que cada año se pierde el 7.8% del PIB a causa del ausentismo laboral por motivo de enfermedad. Otros estudios indican que si la vida expectativa lograra aumentarse en un año, el PIB aumentaría en un 4%. Estas cifras ponen de relieve la importancia que el fenómeno salud-enfermedad tiene sobre las posibilidades de desarrollo de nuestra economía. Existe una relación de doble vía entre el nivel de ingreso de una nación y su situación en cuanto a salud-enfermedad. Por una parte, cuanto mayor sea el nivel de ingresos, habrá mejor nutrición, más acceso a agua potable y a mejores servicios de salud. Por la otra, cuanto más alto sea el nivel de salud de la población, podrá haber mejores niveles de ingreso. Por lo tanto, la salud tiene no sólo una evidente dimensión social y humana, sino también una dimensión en términos del crecimiento económico del país.

 

Las condiciones de salud y nutrición en Guatemala obedecen a un proceso histórico de ineficiencia e incumplimiento de las funciones de las instituciones correspondientes, que tienen como principales factores determinantes: (1) la pobreza y las limitadas infraestructuras sociales en relación con el acceso a

 

servicios y programas de salud, de educación, de saneamiento ambiental básico y de seguridad alimentaria y nutricional, (2) administración ineficiente e insuficiente de los recursos públicos para el sector de salud pública, (3) a la inadecuada organización y gestión de las instituciones y falta de políticas públicas para el sector.

 

Por ello es necesario analizar e identificar la debilidad del actual sistema, aplicando las políticas públicas idóneas que tengan como objetivo atender los factores determinantes antes mencionados, a fin de garantizar la prestación de salud y la seguridad social de los guatemaltecos. En virtud de lo anteriormente expuesto, se fortalecerá la gestión del Ministerio de Salud Pública y de las instituciones relacionadas con el sistema nacional de salud de Guatemala, controlando los procesos de la logística de abastecimiento de medicamentos y suministros, la administración del recurso humano, los procesos de compras y contrataciones, los sistemas de información, la supervisión y la aplicación e implementación de tecnología médica que permite reducir los costos de los servicios de salud. Para este objetivo, se formará un equipo de especialistas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que desarrollen planes de acción que optimicen el servicio de salud a través de un mando de control.

 

Parte esencial de recuperar la gobernabilidad en la gestión de la salud pública consiste en tomar el control de los procesos de compras de medicamentos. Para el efecto, se creará la Industria Nacional de Farmacéuticos produciendo los medicamentos a costo y de calidad que reducirá una cantidad importante de los gastos que son destinados para la adquisición de los medicamentos en el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado. Al mismo tiempo, se dará preminencia al rescate de la Unidad de Gestión Logística del Ministerio para que tome el liderazgo en establecer protocolos, sistemas e indicadores que permitan eficientar los procesos de compra de medicamentos que no se produzcan en la Industria Nacional. En adición a lo anterior, se impulsarán reformas legales que coadyuven transparentar y eficientar las compras de insumos y equipos médicos por parte del Estado.

 

Se recuperará la gobernabilidad en el Ministerio de Salud y se potenciará su capacidad rectora para contribuir al logro de los resultados del sistema de salud al proveer visión y dirección a los otros actores mediante la formulación de la estrategia del sector, regulando, reestructurando y utilizando información para la formulación de la política pública de salud. La capacidad rectora del Ministerio debe potenciarse especialmente en los ámbitos de planificación y sostenibilidad en salud, coordinación con el resto de las entidades, desarrollo de políticas simples de su ejecución, definición del modelo de atención y calidad. En cuanto a la viabilidad financiera del sector salud, se aplicarán nuevas tecnologías que permiten un ayuno presupuestario; por ejemplo: eliminación de hojas físicas y láminas de radiografía que representará en un hospital nacional o regional, un ahorro sobre diez millones de quetzales anuales por hospital. Lo cual permitirá redireccionar el gasto reducido en la implementación de nuevos equipos médicos, mejorando el servicio de salud de los usuarios del sistema de salud pública.

 

Reconociendo la falta de infraestructura de salud pública, se construirán hospitales digitales en diferentes puntos estratégicos de la República para prestar el servicio de salud necesaria. Estos hospitales por sus características tecnológicas permitirán atender a mayor cantidad de pacientes con mayor eficiencia por un costo de operación que representa el setenta por ciento del gasto de un hospital convencional. La construcción de hospitales en diferentes regiones permitirá que los pacientes reciban sus servicios en los

 

 

hospitales más cercanos, evitando que reciban la atención en los hospitales nacionales de la Ciudad que se mantienen sobresaturados, deteriorando la calidad de atención de todos usuarios. Asimismo, la aplicación de tecnología reducirá los costos de mantenimiento y remuneraciones de personal especialista en imagenología.

 

RESCATE DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

 

  • Recuperar la gobernabilidad en la gestión de la salud pública

 

  • Formulación de Políticas Públicas de salud

 

  • Creación de la Industria Nacional de Farmacéutica

 

  • Aplicación e Implementación de Tecnología

 

  • Formación de equipo de especialistas para el desarrollo de plan de acciones para la optimización del servicio de salud

 

  • Transparencia y eficiencia en las compras de insumos y equipos médicos

 

  • Construcción de hospitales digitales en diferentes puntos de la República

 

 

 

II.C.3) SEGUNDA ÁREA PRIORITARIA: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

 

En la última década, Guatemala realizó muy pocas inversiones en la infraestructura nacional. Esto fue uno de los mayores factores de impedimento en el desarrollo económico de la República de Guatemala, así como la reducción de competitividad y productividad del sector económico del país, convirtiendo a Guatemala como uno de los países menos competitivos de la región a nivel de Latinoamérica.

 

Por lo tanto, se requiere urgentemente establecer las políticas prioritarias para el desarrollo de la infraestructura básica como la energética, infraestructura vial, transporte público, sistema de puertos y aeropuertos, hidráulicas, telecomunicaciones, edificaciones, infraestructura verde, entre otras, que son necesarias para el crecimiento y desarrollo económico de Guatemala.

 

La orientación política y económica de la infraestructura pública está definida en gran medida por el tamaño y calidad de las inversiones y por el rol de los gobiernos (central y local) y el sector privado en las mismas. Dados los bajos indicadores de desarrollo de infraestructura en Guatemala, es importante impulsar reformas que permitan alcanzar los niveles deseados de inversión y desarrollo en infraestructura, incluyendo el fortalecimiento y reforma de la Ley de Contratación del Estado y Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica que permitan establecer la interacción del sector privado en algunas actividades que anteriormente se consideraban como propias y exclusivas del Estado, sin que este último se vea debilitado en su labor como responsable y rector de las actividades y funciones sociales. En dicha reforma se contemplará el desarrollo de infraestructuras por medio de negocios entre Gobierno a Gobierno, que son financiamientos blandos con beneficios adicionales como precios y calidad competitivo, además de evitar la corrupción por la constante supervisión y monitoreo del país otorgante.

 

Es importante hacer hincapié en que, aunque los recursos presupuestarios son sumamente escasos, por lo que

 

 

se reorientarán a la inversión en infraestructura y servicios básicos, administrándolos con máxima probidad y racionalidad. Por la insuficiencia presupuestaria para el desarrollo de la infraestructura, existe la necesidad de fortalecer las alianzas público-privadas que garanticen una adecuada relación entre el interés del Estado y la utilidad empresarial.

 

Al respecto, debe indicarse que la gestión proba y transparente de los recursos es una condición indispensable para la correcta ejecución de la política de infraestructura para el empleo. Lo anterior pasa por las reformas legales en materia de transparencia mencionadas en apartado anterior, y por el fortalecimiento del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el exacto cumplimiento de las normas y procedimientos para la contratación de obras públicas.

 

En el área de vivienda popular existe un amplio margen para generar inversión que no sólo genere empleo, sino que proporcione soluciones permanentes a un problema sentido por las capas menos favorecidas económicamente. La obtención de una vivienda con adecuadas condiciones de habitabilidad resulta en:

 

  • incremento del patrimonio familiar y por tanto es un compensador social importante,

 

  • mejora sustancial de las condiciones de salud al contar con agua potable, luz eléctrica y drenajes adecuados; y,

 

  • estabilidad familiar y social.

 

Adicionalmente a esos efectos la construcción de vivienda es un alto generador de empleo y produce una importante inversión en otras actividades de la economía. De allí que la intervención del Estado en la procura de que cada vez más familias cuenten con una vivienda adecuada redunda en importantes beneficios económicos y sociales. No se trata, sin embargo, de que el Estado pretenda asumir el papel de desarrollador inmobiliario, constructor o entidad financiera. Todas esas actividades son desarrolladas con mayor eficiencia y economía por el sector privado. El rol del Estado debe dirigirse entonces a facilitar que las inversiones privadas en el sector vivienda se den en mayor escala que la registrada actualmente y cubran, cada vez más, la importante demanda acumulada que registra el país, especialmente en los niveles de ingresos bajos y medios. A nivel nacional, el déficit cuantitativo de vivienda es más de 250 mil unidades y el cualitativo de más de 1 millón.

 

Para reducir dicho déficit se propone intervenir en la asignación de recursos para habilitar a quienes actualmente carecen de capacidad de pago para que las familias de ingresos reducidos sean capaces de pagar la cuota mensual de amortización de su vivienda propia. De esa forma se incrementa la demanda, se aumentan los volúmenes de producción, se genera competencia por tomar una mayor parte del nuevo mercado de vivienda ofreciendo mejores productos a menores precios y se redunda por tanto en que cada vez mayor número de familias sean beneficiadas. En ese sentido, es factible asignar recursos presupuestarios mediante una reasignación de los recursos que actualmente se canalizan de forma desordenada e ineficaz al subsidio en la provisión de soluciones habitacionales y otros gastos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Se fortalecerá la política nacional y los programas de vivienda popular, por medio de una evaluación concreta y objetiva para identificar las debilidades y motivos del mal funcionamiento de los programas, mejorándolos para que mayor cantidad de guatemaltecos puedan beneficiarse por estos programas. Se priorizará dentro la política nacional de viviendas, la preferencia de asistencia a los asentamientos humanos.

 

En cuanto a la infraestructura eléctrica, y el sector electricidad en general, puede decirse que Guatemala cuenta

 

con un sector dinámico y cada vez más eficiente; se han logrado importantes avances en la cobertura, en la electrificación rural, en la generación eléctrica, la eficientización de la matriz energética y en la reducción de costos y tarifas. Sin embargo, existen aún importantes desafíos. En materia de reducción de la conflictividad, el Ministerio de Energía y Minas asumirá un rol de liderazgo para informar de forma efectiva, objetiva y consistente a las comunidades cercanas a los proyectos y a toda la sociedad, sobre los beneficios a nivel de nación que la inversión en infraestructura en general, en hidroeléctricas y otras plantas generadoras y líneas de transmisión, tienen para el país, propiciando la participación activa de las comunidades y empresarios locales.

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como ente técnico, coordinador y encargado de hacer cumplir la ley y reglamentos del sector y velar por la competitividad y los intereses del consumidor, debe coordinar una mesa técnica participativa para una revisión de las leyes y reglamentos que reducen la eficiencia del sector. En particular, deben revisarse las leyes de alumbrado público y de tarifa social, a fin de obtener una más eficiente asignación de recursos que permita financiar programas de electrificación rural en las instalaciones de líneas de distribución a las comunidades que no se encuentran conectados a la red de servicios. Es necesario normar y reglamentar sobre alumbrado público, estandarizando la altura y distancia de instalación para una iluminación adecuada de las vías públicas, tipo de iluminación que permita el uso mínimo de energía eléctrica para aligerar la carga de los costos de los servicios a los guatemaltecos.

 

La infraestructura de los puertos y aeropuertos de Guatemala requiere ser modernizadas y actualizadas con tecnología que permita ser competitivo para el comercio exterior y turismo internacional. El tamaño de la infraestructura actual no permite ofrecer un servicio adecuado al mercado internacional, lo cual ahuyenta la inversión internacional, haciendo perder oportunidades de empleos y un crecimiento económico que Guatemala tanto necesita para la reducción de la pobreza existente. La falta de una instalación moderna y adecuada deja al principal aeropuerto de Guatemala fuera de la posibilidad de ser un HUB o Centro de Conexión para las principales aerolíneas del mundo.

 

Los puertos deben tener la capacidad para prestar los servicios requeridos para un comercio internacional y ser capaz de cumplir con las funciones de recaudación fiscal, seguridad, control de contrabando, salud y seguridad. Para este fin son requisitos necesarios, la modernización de la infraestructura portuaria para aumentar su efectividad mediante el uso de tecnología, profesionalización del recurso humano, unificación y simplificación de procesos. Ya que existe un vacío de visión estratégica, regulación, gobernabilidad, gestión y supervisión en el sector portuario del país, se impulsará una nueva Ley del Sistema Portuario Nacional para la creación de la Autoridad Portuaria Nacional.

 

Se realizará un estudio de viabilidad para el desarrollo de un canal seco para aprovechar de las ventajas geográficas que Guatemala posee. El desarrollo del canal seco permitirá generar numerosos de empleos durante la construcción y posteriormente entregando el servicio al mercado internacional. Asimismo, el canal seco permitirá un crecimiento económico nacional y reducción de costos de transporte en los productos nacionales, beneficiando directamente a los consumidores.

 

Se analizará la creación de la Compañía Estatal de Transporte Público que podrá administrar y/o desarrollar proyectos de infraestructura de transportes, tales como, el metro, buses urbanos y extraurbanos, teleféricos y ferrocarril de pasajeros y cargas, como solución a los problemas existentes de calidad de servicio y costos de usuarios.

 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EL DESARROLLO

 

 

  • Establecer políticas prioritarias para el desarrollo de infraestructura básica

 

  • Gasto priorizado en:

 

  • carreteras y vías, con énfasis en caminos secundarios priorizados, incluyendo acceso a sitios turísticos

 

  • obras priorizadas para instalaciones de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado

 

  • vivienda popular, mediante la reestructuración y redireccionamiento del financiamiento existente

 

  • Promoción de alianzas público-privadas, con reformas legales para lograr su adecuada y ágil implementación a fin de viabilizar proyectos actuales y nuevos

 

  • Reforma de Ley de Contratación del Estado y Ley de Alianza Público-Privado para proyectos de Gobierno a Gobierno

 

  • Regulación de Alumbrado Público

 

  • Desarrollo de Infraestructura de Puertos y Aeropuertos

 

  • Desarrollo de Canal Seco

 

  • Desarrollo de Infraestructura de Transporte

 

II.C.4) TERCER ÁREA PRIORITARIA: SEGURIDAD CIUDADANA

 

La situación de violencia e inseguridad del país es grave obstáculo para la gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico, si no también, incrementa los costos de desarrollo integral por la violencia en contra de los ciudadanos, representando en altísimos aumentos de costos en mantención de seguridad en las empresas y a los individuos.

 

Esta problemática debe resolverse con política pública firme y consistente que viabilicen la reforma a los sectores de Seguridad y Justicia, con énfasis en el fortalecimiento de la institucionalidad, efectiva y bien coordinada, capaz de enfrentar los retos del país. Sin embargo, la falta de voluntad política ha impedido avanzar en esta materia con la celeridad que la situación demanda. El objeto de tales políticas debe ser el que el Sistema Nacional de Seguridad cumpla con su mandato constitucional y legal, lo que implica el fortalecimiento de las entidades que lo integran. Ello requiere de coherencia al ejecutar las políticas públicas de seguridad y coordinar el funcionamiento de las instituciones. Para lo cual es necesario reformar las Leyes y Reglamentos en materia de seguridad.

 

Igualmente, ante la crisis de seguridad han surgido múltiples propuestas y se han revelado incontables necesidades que deben ser atendidas por el Estado y que, siendo los recursos escasos, requieren de una priorización. Como primer punto de las agendas de seguridad debe figurar el estricto cumplimiento de la Ley

 

Marco del Sistema Nacional de Seguridad cuya máxima autoridad es el Consejo Nacional de Seguridad. Se fortalecerá a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad para una coordinación efectiva en reestablecer la Política Nacional de Seguridad que defina las acciones eficaces para prevenir y combatir la violencia que afecta a la sociedad, enfatizando en política criminal, investigación criminal e impulsar la profesionalización de la Policía Nacional Civil. Se promoverá una reforma en la formación de la Policía, transformando la formación policial de la Academia de la Policía Nacional Civil en una carrera técnica en seguridad que tendrá un término de 2 años, capacitando y formando a los futuros integrantes de la Policía, quienes egresaran profesionalmente preparados para la prevención y correcta actuación en seguridad ciudadana.

 

Del Sistema Nacional de Seguridad debe emerger una política que integre acciones prioritarias y concretas en los tres niveles de gestión.

 

  1. En el nivel primario o de prevención, basado en el impulso al desarrollo humano integral: la principal política de prevención de la violencia es un gobierno al servicio de la gente, que propicie la prosperidad y el bien común, con base en instituciones sólidas. Sin embargo, en el corto plazo es imprescindible impulsar una política de prevención centrada en la atención a grupos vulnerables, incluyendo alianzas estratégicas con las municipalidades, y la participación de políticas complementarias desde los Ministerios de Cultura, Educación, Trabajo y Economía (este último mediante el impulso de la microempresa en las zonas de riesgo).

 

En ese sentido, se priorizarán las líneas de acción de la política de prevención en los barrios con alta incidencia delictiva y enfocadas a jóvenes. Se fortalecerá la coordinación de programas extraescolares de segunda oportunidad (educación a distancia, primaria acelerada, bachilleratos por madurez, etc.) en la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, priorizando los programas para jóvenes que estén fuera del sistema educativo formal, así como programas del Ministerio de Cultura y Deportes enfocados a recreación cultural. Además, se fomentará la responsabilidad individual: los centros educativos fomentarán en las personas y las familias los valores que conduzcan a una cultura proactiva y de responsabilidad individual.

 

  1. El nivel secundario que involucra el desempeño de las fuerzas de seguridad en la aplicación de la ley. Ello implica el rescate, reestructuración y modernización de la Policía Nacional Civil, la Dirección de Investigación Criminológica y el Ministerio Público, en áreas importantes como el combate a la corrupción interna y externa, la adopción de tecnología moderna en los procesos, y la implementación de una efectiva carrera de servicio público en esas instituciones.

 

A nivel administrativo, la gestión de la Policía Nacional Civil presenta una serie de debilidades que deben ser atendidas. Por ejemplo, falta contar con reglas sustentables y basados en una estrategia, que expliquen las razones por las cuales se formula el despliegue territorial de la PNC. Se aprecia un modelo de reclutamiento débil y de bases técnicas y científicas para la admisión de nuevos agentes. En función de lo anterior, se revisarán y reformarán el Reglamento sobre la Organización de la PNC y el Reglamento Disciplinario de la PNC. Además, se impulsarán reformas a la Ley Orgánica de la PNC para institucionalizar los procedimientos a los temas antes indicados, evitando que cada policía aplique su criterio individual.

 

 

  1. El nivel terciario que involucra al sistema Penitenciario y de readaptación de los Menores, que también debe ser rescatado, reestructurado y modernizado mediante la implementación de una carrera de servicio público, la modernización de la infraestructura, el combate a la corrupción, y la reforma del marco legal. Se analizará y estudiará la posibilidad de reformar el Sistema Penitenciario en un Consejo Nacional Penitenciario y Readaptación que tendrá autonomía en la administración del Sistema Penitenciario y de los Centro de Readaptación de los menores de edad. El Consejo Nacional será integrado únicamente por las instituciones relacionados del Estado. Institución que iniciará de inmediato la recuperación del control interno en las cárceles con una debida separación y ubicación de los privados de libertad según el tipo de delito y condena.

 

Asimismo, se invertirá en nueva infraestructura, no solo para aliviar el hacinamiento, sino también para implementar un nuevo régimen interno con mayor orden y supervisión en cada nuevo centro carcelario, de manera que se releven paulatinamente los centros antiguos por nuevos en los cuales se aplicará un régimen interno con mayor control.

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA

 

 

  • Coordinación y fortalecimiento de las instituciones encargadas de incidir sobre las políticas de seguridad, conforme la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad

 

  • Desarrollo de capacidades técnicas y competencias profesionales, y desarrollo de capacidades de ejecución, monitoreo y evaluación

 

  • Fortalecimiento legal-institucional (énfasis en la carrera judicial) y financiero del Sector Justicia

 

  • Fortalecimiento investigación criminal DIGICRI y coordinación con MP

 

  • Reforma legal-reglamentaria-administrativa de la PNC

 

  • Reforma legal-administrativa del sistema penitenciario

 

  • Profesionalización y aplicación de carrera técnica en seguridad en la Academia de la PNC

 

 

 

Por otra parte, en virtud del acelerado crecimiento en la oferta de servicios de seguridad privada, es necesario mejorar la vigilancia del Estado sobre dichas actividades, a fin del que se superen las evidentes debilidades que ha mostrado la Dirección General de Servicio de Seguridad Privada y se mejore el control del sistema de seguridad. Los guatemaltecos usuarios de los servicios de seguridad privada merecen tener certeza de que están confiando el resguardo de su vida y bienes a personas idóneas, capaces, honradas y sometidas a controles estrictos por parte del Estado.

 

En adición a lo anterior, es necesario aumentar de la capacidad científica para la investigación y encausamiento de los casos y aplicación de la justicia, pronta, debida e imparcial de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público e Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

 

Finalmente, la política de seguridad ciudadana debe verse complementada con el control de la corrupción a través de legislación y medidas adecuadas, revisando y actualizando todas aquellas dirigidas a controlar el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión tributaria.

 

II.C.5) CUARTA ÁREA PRIORITARIA: INVERSIÓN Y GOBERNANZA

 

Para que el gobierno cumpla con su rol de facilitador de la actividad ciudadana plena, es necesario que enfoque sus esfuerzos en procurar la paz social y la gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver las disconformidades de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho, junto con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos humanos fundamentales. Para ello se requiere de instituciones basadas en los principios de probidad, equidad, libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y promoviendo la inclusión social integral. En la actual coyuntura de desconfianza social al Estado que vive Guatemala, los esfuerzos por lograr la gobernabilidad democrática requieren de mayores esfuerzos y la comprobación a los ciudadanos. En vista de la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía, se atenderán cuatro áreas fundamentales: la protección del ambiente y su desarrollo, el respeto a la riqueza cultural y la promoción de turismo, la integración del comercio informal y la aplicación efectiva de política de inversión social.

 

II.C.5.a) PATRIMONIO AMBIENTAL Y SU DESARROLLO

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el cambio climático como el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comprobables”. La Convención diferencia entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causa naturales.

 

Los principales efectos del cambio climático en Guatemala son la deforestación severa, reducción en la disponibilidad y acceso al agua, el impacto en los ecosistemas y la biodiversidad, y el incremento de los eventos extremos como sequías e inundaciones. Durante los últimos 15 años se han originado pérdidas que superaron los Q29,400 millones a causa de los desastres naturales y a pesar de las probabilidades de que estos fenómenos naturales aumenten en el país, no se ha realizado mayores esfuerzos en la actualización de normas que permita reducir el impacto ambiental.

 

El calentamiento global es originado por el aumento de la temperatura de la atmósfera y los océanos, a raíz de una capa de dióxido de carbono (CO2) que atrapa el calor del sol. Este fenómeno es denominado “efecto invernadero”. Por esta razón es indispensable fortalecer las normas y reglamentos sobre la emisión de gases en todos los sectores, considerando las necesidades del desarrollo económico y humano de Guatemala. En dicha reglamentación debe establecer las sanciones al sector que incumpla las normas ambientales, así como la sanción a los empleados y funcionarios públicos que por medio de la corrupción autorice las licencias o apruebe los estudios de impacto ambiental sin cumplir los requisitos que establecen las Leyes.

 

La transparencia en los procesos de análisis y aprobación de los estudios de impacto ambiental debe ser reforzada y el personal a cargo del análisis y supervisión deben ser profesionales expertos en temas de medición ambiental. Asimismo, es necesario proveer de equipos técnicos que cumplan con los estándares internacionales para su funcionamiento efectivo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para una medición periódica y constante supervisión de todos los sectores que emitan contaminación.

 

La deforestación en Guatemala asciende a 132,000 hectáreas cada año y la reforestación anual es solo de 11,000 hectáreas según el Instituto Nacional de Estadísticas. La reforestación es una necesidad urgente, por lo mismo el Gobierno hará grandes esfuerzos e invertirá en programas de reforestación a nivel nacional. Se creará el Día de Reforestación para motivar e incentivar al sector privado y público, premiando por medio de un reconocimiento presidencial a los mayores reforestadores de diferentes edades y sectores. En este plan contemplamos la posibilidad de comercializar la cuota de emisión de gases invernadero basándonos en el Protocolo de Kyoto.

 

Comparación de mapas de cobertura vegetal y uso del país.

 

Año 1972 y año 2010

 

Año 1972: Bosques 67%                       Año 2010: Bosques 34%

 

Una de las mayores problemáticas ambientales es la administración y uso del agua que presenta una situación crítica en términos de cobertura, calidad de servicios y sostenibilidad de los recursos hídricos. A pesar de la existencia de las múltiples entidades involucradas, la gobernabilidad del agua es extremadamente débil. Las funciones de planificación, coordinación, formulación de políticas, gestión de financiamiento y fijación de normas se encuentran dispersas en distintas entidades. No existen normas que regulen los servicios públicos de agua potable y de aguas residuales de manera general para todo el territorio nacional, ni se cuenta con una política sectorial ni una ley del agua y de servicios públicos. Además, el tema del agua está a penas integrado a los temas ambientales y las intervenciones no se hacen con una perspectiva de gestión integral de los recursos hídricos.

 

En numerosas áreas del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de Guatemala, presentan problemas y escases de recursos hídricos, afectando la calidad de vida de los habitantes y la agricultura que es el sustento de la mayoría de los guatemaltecos. Los niveles de cobertura y calidad de servicios continúan siendo un problema serio. La cobertura de saneamiento sigue siendo menos de 50% a nivel nacional y la cobertura nacional de agua potable es inferior al 70%.

 

La falta de infraestructura a nivel nacional en alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas residuales y el sistema de suministro de agua son factores determinantes más importantes de la salud pública. Por lo tanto, se propone una reforma profunda de la institucionalidad encargada del agua, con el reconocimiento de la importancia de este recurso, no sólo como un derecho por razones sociales y de dignidad humana, sino como una responsabilidad de cada individuo y un bien promotor del desarrollo económico de cualquier comunidad, por lo cual se priorizarán políticas enfocadas a la planificación sectorial que defina actores, políticas públicas e intervenciones que orienten el desarrollo sostenible del sector.

 

El fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad del sector conllevará reformas jurídicas que aseguren la coordinación interinstitucional y una visión unificada del desarrollo sectorial. El acceso sistemático y continuado de las comunidades rurales a los servicios de agua potable y saneamiento será priorizado mediante mayores inversiones. Se establecerán pautas y esquemas para la regulación del uso del agua como base para acuerdos público-privados con los productores de caña, café, banano, palma africana y los beneficios de café, que son los principales usuarios de agua, tanto subterránea como superficial.

 

La sostenibilidad ambiental se verá beneficiada por una política de apoyo a la actividad turística, vista esta como un eje articulador de actividades favorables a la protección del ambiente y el aprovechamiento y defensa del patrimonio ambiental de Guatemala. Para este fin, el turismo y la protección ambiental se debe desarrollarse en cooperación. El desarrollo de turismo debe ser promovido, considerando el cuidado ambiental. El patrimonio ambiental debe ser protegido, considerando el desarrollo del turismo en Guatemala.

EL PATRIMONIO AMBIENTAL

  • Restructurar el sistema para la emisión de Estudios de Impacto Ambiental:

 

  • transparentar y facilitar los procesos de análisis y aprobación de los estudios
  • mejorar la capacidad del MARN para monitorear y verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas

 

  • Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad del sector del Agua

 

  • reformas administrativas y jurídicas que aseguren la coordinación interinstitucional y una visión unificada del desarrollo del sector del Agua

 

  • una Política e impulso para el fortalecimiento y reformas de las Leyes relacionadas con el agua para la sostenibilidad ambiental

 

  • El turismo como actividad articuladora

 

  • Reforestación a nivel nacional

 

  • Acceso sistemático y continuo de las comunidades rurales a los servicios de agua potable y saneamiento

 

 

 

II.C.5.b) PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO

La economía y la cultura se interrelacionan y afectan mutuamente. La cultura es, de acuerdo con la definición de la UNESCO, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social y abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de convivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Al respecto, resulta evidente que la cultura y la diversidad cultural son una fuente de desarrollo, no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de ampliar las opciones de oferta y elección que concede a los ciudadanos acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria.

 

Las manifestaciones culturales (libros, música, filmes, artesanías, artes plásticas y escénicas) utilizan recursos para su realización que son valorados y transados en el sistema económico, y generan productos que tienen un valor de uso y de cambio para los que los demandan. Estas actividades tienen una dimensión económica, pues los procesos en los que se desarrollan tienen características de producción, intercambio y consumo. De manera que una parte considerable de la cultura genera un impacto similar al de otros sectores económicos, por lo que las actividades culturales dan lugar a un sector productivo que genera riqueza: el “sector cultural” de la economía.

 

El tema es de particular relevancia para un país como Guatemala donde, de acuerdo con un estudio técnico elaborado en 2007 por el economista de la cultura Ernesto Piedras, el sector cultura genera el 7.26% del PIB –el triple que en Colombia o Chile-, crece a una tasa anual de 7.3% (más dinámico que la mayoría de los sectores) y da empleo al 7.14% de la PEA.

 

La cultura es un ámbito por excelencia de la intervención pública que requiere instrumentos que la apoyen en la formulación de políticas culturales y económicas. El desarrollo de la Cultura puede contribuir a generar tales instrumentos y a crear la necesaria conciencia que debe existir en todos quienes participan en la cadena de valor del sector cultural (en las etapas de creación, producción, distribución y consumo de los bienes y servicios culturales) respecto a que la creatividad es capaz de generar actividad económica y bienestar material y espiritual.

 

Es menester que el Ministerio de Cultura cobre un rol rector efectivo en cuanto al cuidado y promoción del patrimonio cultural guatemalteco. Entre sus proyectos, además del fomento de la actividad cultural en todas sus manifestaciones, el Ministerio realizará un inventario de los patrimonios culturales intangibles y promover la inclusión de nuevos patrimonios en la lista reconocida por la UNESCO, e impulsar el análisis de las cadenas de valor asociadas a dicho patrimonio, para intervenir en los eslabones que impiden aumentar la utilidad de dichos bienes en beneficio de la población, incluyendo su utilidad turística.

 

En efecto, un área específica que puede articular la economía de la cultura y convertirse en un eje clave para la protección del patrimonio cultural es la actividad del turismo. En el presente plan de gobierno, el sector turístico se desarrollará en base a dos ejes: a) La Cultura: las diversas vertientes culturales de donde viene la nuestra, dándoles su dimensión adecuada; y, b) la diversidad ambiental y la riqueza que ella significa.

 

Se promoverá el turismo cultural, invirtiendo en infraestructura moderna que permita fácil acceso y comodidad para los turistas. Ofrecer la experiencia de la riqueza cultural y la antigua tradición con instalaciones modernas.

 

Ello implica fortalecer y crear la infraestructura física en turismo, especialmente caminos y carreteras hacia destinos turísticos, con un enfoque prioritario de fortalecer las economías locales. Identificar y promocionar todos los lugares de atracción para el turismo, así como toda la riqueza cultural en el ámbito internacional y nacional. Desarrollar programas educativos, de formación y de inversiones enfocados a artesanía tradicional y de mayor valor agregado, hotelería, atención al cliente, guías turísticas multilingües, alta gastronomía de comida típica fusionada, para fortalecer todo lo relacionado a la industria del turismo y garantizar fuentes de empleo de mejor calidad. Promover el Instituto Guatemalteco de Turismo a la categoría de Ministerio para que esta institución cumpla las funciones necesarias para el desarrollo de la industria del turismo y a las necesidades de los oferentes y demandantes de servicios turísticos en el país.

 

EL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO

 

  • Rescate y empoderamiento del Ministerio de Cultura como rector de la preservación del patrimonio cultural

 

  • Inventario de los patrimonios culturales intangibles y promover la inclusión de nuevos patrimonios en la lista reconocida por la UNESCO

 

  • Turismo cultural y ecológico como generador de empleo, ingresos y bienestar social

 

  • Desarrollar programas educativos, de formación y de inversión enfocados a l desarrollo de artesanía con mayor valor agregado, hotelería, guías turísticas multilingüe, alta gastronomía de comida típica-fusionada

 

  • Promover el INGUAT a la categoría de Ministerio

 

II.C.5.c) INTEGRACIÓN DE ECONOMÍA INFORMAL

 

La informalidad en la economía de Guatemala ha sido un problema que se ha acrecentado durante las últimas décadas, se estima que más del 50% del empleo urbano proviene del sector informal, un sector caracterizado por la baja productividad que generan sus actividades, eso no solo tiene efecto sobre las condiciones precarias del empleo, el ingreso y la calidad de vida de quienes participan en el, sino que además afecta la economía en general con tasas de crecimiento más baja. Aunque no es posible generalizar con respecto a la calidad de los empleos informales, con frecuencia implican malas condiciones laborales y está relacionada con el aumento de la pobreza. El empleo informal puede tener características como falta de protección en casos como el pago de salarios o mínimos establecidos por la Ley, horas extraordinarias forzadas, despidos sin indemnización, condiciones de trabajo inseguras, descanso por enfermedad y cobertura de seguro social. La Conferencia Internacional de Trabajo en 2002 solicitó brindar atención a las necesidades de trabajadores y unidades económicas en la economía informal, con énfasis en un enfoque integrado desde la perspectiva del trabajo decente. A pesar de poseer alta tasa de ocupación las condiciones bajo las cuales la población se inserta al mercado laboral son precarias, considerando que muchas son provenientes del autoempleo y en actividades de muy baja productividad, entendiendo que la productividad es el valor que le agrega el trabajo total a la producción nacional.

 

La estructura productiva en Guatemala esta poco desarrollada, el empleo que genera se encuentra concentrado en tres actividades: Agricultura, ganadería, comercio e industria manufacturera. El empleo informal en Guatemala es del 62% tomando la conceptualización realizada por la Organización Internacional del Trabajo entendida como el segmento de la población excluida de la economía desarrollada que ingresan a la economía mediante el subempleo o al empleo dentro de la economía informal. La alta tasa de desempleo en Guatemala incrementa el porcentaje de autoempleados. La mayoría de estos autoempleados se dedican al comercio informal, sin cumplir con las normas mínimas establecidas en las Leyes correspondientes. Esto quiere decir que los comerciantes informales, no están debidamente inscritos en el Registro Mercantil, Superintendencia de Administración Tributaria, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras instituciones. Como se señaló anteriormente, crea un alto porcentaje de empleos en el mercado económico, no obstante, realizan todas las transacciones comerciales sin declaración alguna.

 

Ante esta realidad, se considera necesario crear programas de formalización que permita la integración en fases del sector informal, aplicando un régimen acondicionado en la cual entrega beneficios fiscales, proceso de inscripción simplificado en el Registro Mercantil, cobertura especial en el Seguro Social y la aplicación de salario diferenciado. Asimismo, con el objeto de incentivar la formalización, promoveremos diversos programas de asistencia para desarrollo de este sector.

 

INTEGRACIÓN DE ECONOMÍA INFORMAL

 

  • Formalización en fases de la economía informal

 

  • Procesos simplificados para las inscripciones

 

  • Creación de Régimen específico para la formalización del sector

 

  • Promover diversos programas de asistencia para el desarrollo

 

II.C.5.d) POLÍTICAS DE INVERSIÓN SOCIAL

 

Una de las áreas de mayor importancia y preocupación en nuestro Plan de Gobierno es el bienestar de la población. Durante la primera etapa de gestión del Gobierno, algunos resultados podrán producirse en corto plazo y otros en media plazo dependiendo de las características de los programas del área prioritaria. Es necesario incorporar política pública de inversión social que debe ser constante y permanente durante todo el período de los Gobiernos, enfocado en reducir la pobreza y extrema pobreza.

 

Existe un evidente problema de pobreza y extrema pobreza que se debe solucionar. En Guatemala, tres de cada cinco personas viven en la pobreza y dos de esos tres viven en la extrema pobreza. Más del 60% de los niños presentan signos de desnutrición, incrementando esta cifra en las áreas rurales. Casi un 10% de la población emigra al exterior en busca de oportunidades y otro alto porcentaje que considera la emigración como una salida de la pobreza. Es importante mencionar que, a nivel nacional, solo dos de cada diez estudiantes terminan la educación secundaria, reduciendo aún más la posibilidad de superar la pobreza.

 

Es crucial, la ejecución de programas que produzcan resultados a corto, mediano y largo plazos en diferentes áreas, como educación, formación, creación de empleos y emprendimientos que creen esas oportunidades de superación a la pobreza. Como parte de la política de inversión social, desarrollaremos y fomentaremos los programas de educación y formación de carreras técnicas que faciliten la inserción de jóvenes graduados a trabajos decentes. Esto implica el rescate y fortalecimiento de programas de becas estudiantiles para aumentar el número de beneficiarios, asegurando que mayor cantidad de mujeres reciban las becas, especialmente en áreas rurales en donde existen mayor porcentaje de deserción estudiantil por situación cultural y económica. Además, se crearán incentivos para las empresas que impulsen modelos de formación para jóvenes en modalidad dual o pasantías de aprendizaje en el puesto de trabajo.

 

Asimismo, se incrementará programas de fortalecimiento y asistencia a las Mipymes y cooperativas, simplificando el acceso de las Mipymes a recursos financieros con mejores condiciones y aumentando los recursos disponibles para entregarles un mayor apoyo para el crecimiento y desarrollo de sus productos y servicios. Para este objetivo, se realizará un trabajo coordinado entre los Ministerios de Trabajo, Economía, Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

 

De la misma manera, como programas de inversión social, se promoverán la creación de nuevos empleos en el sector público y privado, promoviendo el Instituto Guatemalteco de Turismo a la categoría de Ministerio. Se impulsará el desarrollo de la industria de turismo por medio de inversión internacional en la industria hotelera en diferentes zonas turísticas que generará nuevos empleos y negocios. Se constituirán empresas estatales en diferentes sectores, como infraestructura, salud, transporte, agua, comercio exterior, minería, etc., para crear empleos para superar la pobreza que es principal causa de los problemas existentes en Guatemala.

 

A pesar de las inversiones y esfuerzos del sector privado y público, un alto porcentaje de la población guatemalteca continuar sin el servició de la energía eléctrica y conexión a la red de distribución energética en el país. Compartiendo esta incomodidad y comprendiendo la necesidad de la población que no cuenta con servicio de energía eléctrica, el Gobierno en cumplimiento a sus obligaciones de establecer el bienestar social para todos los guatemaltecos, promoverá e incentivará inversiones dentro del sector público y privado, la generación independiente de energía renovable a nivel de aldeas y casas para llevar el servicio de energía a los hogares de los guatemaltecos de mayor necesidad.

 

LA INVERSIÓN SOCIAL

 

 

  • Programas de becas estudiantiles: nivel secundario, superior y carreras técnicas, especialmente en zonas rurales para beneficiar a las mujeres que tienen menos posibilidad de estudiar y formarse técnicamente

 

  • Colaboración con el sector privado para crear empleos de formación

 

  • Empresarialidad rural y economía campesina: cooperativas, crédito rural, asistencia técnica e infraestructura rural

 

  • Desarrollo de industria de turismo

 

  • Fortalecimiento en ampliación de cobertura de la seguridad social

 

  • Formación de empresas estatales en diversas áreas para la generación de empleos y desarrollo económico

 

  • Promover e incentivar las inversiones de generación independiente de energía renovable en las áreas poblacional que no tienen conexión a la red energética

 

 

 

II.C.6) RESUMEN: POLÍTICAS PRIORITARIAS DENTRO DEL ESTADO

 

Las principales políticas priorizadas, en función de su contribución a lograr el equilibrio de los distintos subsistemas del Estado. En el caso del subsistema socio-demográfico, éste se enfoca a la reducción de las brechas entre la población guatemalteca, mejorando el acceso a la educación y a la salud a todos los guatemaltecos sin distinción. Los esfuerzos en este subsistema se orientarían hacia una reforma integral en desarrollo económico, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y seguridad ciudadana a nivel nacional. Se regionalizará en cuatro regiones atendiendo las necesidades en forma independiente y el desarrollo económico según las condiciones, competitividad y potencial de cada región.

 

Por su parte, en el subsistema económico-financiero, los esfuerzos de largo plazo se orientarán a aumentar la inversión en capital físico y aumentar la productividad en el uso de los factores productivos. Ambos elementos requieren de intervenciones públicas prioritarias en materia de (i) mejorar el capital humano, (ii) desarrollar la infraestructura básica y (iii) fortalecer la institucionalidad del Estado, incluyendo una revisión de los sistemas de control del Estado.

 

En el campo del subsistema ambiental-cultural, se emprenderían acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad socioambiental frente a desastres, así como el desarrollo de esquemas de gestión basados en las poblaciones locales, modernización en la gestión de áreas protegidas y suelos, así como impulso al turismo; el eje articulador será la política del manejo del agua y los recursos hídricos. Asimismo, se deben emprender esfuerzos para aprovechar el potencial que la riqueza cultural del país ofrece como fuente de empleo, de generación de ingresos y de contribución al esquema social del país, incluyendo el turismo como área de articulación de lo ambiental y cultural como generadoras de ingresos.

 

Por su parte, el subsistema político-institucional se orienta a reformas de carácter institucional mediante acuerdos nacionales y el ejercicio de un liderazgo efectivo, que se centra en el fortalecimiento de las instituciones. Promoverá las reformas necesarias al marco ordinario, especialmente en reformar el sistema político, institucionales, seguridad y justicia. Además, se promoverá la reforma y modernización de aquellas instituciones que contribuyen al desarrollo de un sistema de mercado, como los registros de la propiedad, las contralorías y superintendencias. Otra importante reforma será las normas en contra de la corrupción y creación de una institución que monitoree la ética gubernamental del Estado.

 

Finalmente, el subsistema resto del mundo implica una Política Internacional que aproveche la posición geográfica de Guatemala, situada en el medio del continente americano, compartiendo el destino de los países de Centro América, de Mesoamérica en su conjunto y del Caribe, para darle a su sistema de política exterior y relaciones de comercios exteriores consignas claras para su comportamiento, relaciones y gestión a desarrollar. El servicio diplomático, apoyado en las políticas de gobierno y adecuadamente enterado y comprometido con ellas, puede contribuir de manera eficiente para mejorar la imagen de país, obtener el financiamiento de los proyectos de Gobierno, lograr alianzas políticas diplomáticas, comerciales y apoyo a las causas y políticas del gobierno y del Estado.

 

 

 

II.D) GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y PERTINENTE

 

La gestión de gobierno debe estar focalizada en las acciones prioritarias que generen resultados medibles que sean eficientes y pertinentes para la prosperidad de la ciudadanía. Toda gestión realizada por el Gobierno debe ser transparente con rendición de cuentas a los ciudadanos. El mejoramiento continuo de la gestión pública debe basarse en fortalecimiento de eficiencia y simplicidad de los servicios públicos, haciendo buen uso de los recursos públicos para lograr el desarrollo integral de Guatemala. Para disponer de una gestión pública efectiva y pertinente promoveremos la modernización del Estado, las reformas necesarias y la coordinación interinstitucional. En ese contexto, nuestro Gobierno al servicio de los guatemaltecos, se tomará en cuenta las siguientes áreas prioritarias:

 

Áreas Prioritarias para Gestión Pública Efectiva y Pertinente

 

  1. Seguridad Alimentaria, Salud, Educación y Cultura

 

  1. Combate a la Corrupción y Seguridad Ciudadana III. Ambiente, Empleo, Productividad y Turismo IV. Desarrollo Económico e Infraestructura

 

II.D.1) COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

 

La capacidad de coordinar a las distintas instituciones y dependencias gubernamentales será la piedra angular que sostendrá la gestión del gobierno de Partido TODOS, por esa razón el funcionamiento eficaz y coordinado de las dependencias del Organismos Ejecutivo será prioritario en la ejecución de las directrices de Gobierno. Por ende, el esfuerzo de coordinación interinstitucional que plantea el Partido TODOS para fomentar un gobierno eficiente, se enfoca en el ordenamiento efectivo de los sistemas que permitan la organización, comunicación y división de responsabilidades entre las entidades estatales encargadas de impulsar las políticas públicas promovidas por el Gobierno. El Presidente, los Ministros y las máximas autoridades de las instituciones y dependencias del Estado revisará periódicamente la eficiencia en coordinación interinstitucional, aplicando firmemente el cumplimiento de cooperación y ejecución simultaneo de funciones de todos los servidores y funcionarios públicos en alcanzar los objetivos y simplificar los procedimientos para facilitar todos los servicios prestados a los guatemaltecos.

 

II.D.2) COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN ÁREAS PRIORITARIAS

 

En el marco de la coordinación interinstitucional del Gobierno, debe tomarse en cuenta las estrategias adoptadas como Nación, para llevar a cabo las acciones y lineamientos para priorizar las áreas de acción por parte del Gobierno. Por los que se requiere del esfuerzo de todas las instituciones del Organismo Ejecutivo y del Estado para orientar y desarrollar las áreas que se han definido como primarias o prioritarias, por lo que la coordinación de todos los entes requiere una nueva dimensión y liderazgo de los servidores y funcionarios públicos responsables para atender las necesidades de los guatemaltecos. Las áreas prioritarias de coordinación se describen a continuación.

 

 

II.D.2.a) SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD, EDUCACIÓN Y CULTURA

 

Para el gobierno del Partido TODOS una de las prioridades será realizar una coordinación efectiva y eficiente de las instituciones del Gobierno para atender como primer tema la seguridad alimentaria de los guatemaltecos, tomando en cuenta la existencia del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para el efecto el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la Republica deberán realizar una revisión y reingeniería inmediata para evitar que continúe en riesgo la seguridad alimentaria de muchas familias guatemaltecas.

 

En cuanto a la salud de los guatemaltecos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, retomará la rectoría de la salud en el país, coordinando las políticas y las directrices definidas en el Plan de gobierno del Partido TODOS. El Ministerio de Salud y Asistencia Social tendrá la responsabilidad de coordinar a las otras instituciones gubernamentales y del Estado prestadoras de los servicios en salud, así como del sector privado, para asegurar, regular y conducir a nivel nacional las acciones que se deben implementar para proteger la salud de todos los guatemaltecos y el acceso a la seguridad social. La capacidad rectora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se potenciará en los ámbitos de planificación en salud, coordinación con el resto de las entidades, desarrollo de políticas, definición explicita del modelo de atención y calidad. Basándose en lo anterior buscará un sistema nacional de salud como una estructura operativa que gestione eficientemente los recursos públicos y garantice servicios para reducir las brechas existentes en materia de salud. Para el efecto, se realizará una revisión al marco legal vigente y para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional debe coordinar las acciones entre el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que se implemente una política nacional de coordinación para el rescate, atención, evaluación y control de la salud de los guatemaltecos.

 

El Ministerio de Educación por su parte, como autoridad central de la educación en Guatemala, deberá buscar los mecanismos para fortalecer la coordinación administrativa y técnica del sistema educativo nacional que responda a los principios legales, necesidades y demandas de la integración de identidad nacional de los guatemaltecos, para el efecto deberá realizar una revisión a los programas educativos y su estructura administrativa y descentralizada a nivel nacional. Asimismo, deberá coordinar supervisiones e inspecciones a los propietarios de empresas que brindan los servicios educativos particulares a la población. En caso de educación, la descentralización ha provocado una debilidad en la institución. El Ministerio de Educación es únicamente rector del sector preuniversitario y extraescolar, mientras que la alfabetización de adultos está a cargo del Comité Nacional de Alfabetización, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad está a cargo de la capacitación técnica, las Municipalidades y Consejos Desarrollo participan en la construcción de edificios escolares o la contratación de docentes, el Ministerio de Comunicaciones por medio de su Unidad de Construcción de Edificios del Estado y el Ministerio de Desarrollo Social se encargan de construcción de escuelas y el sector educativo universitario está a cargo de la Universidad San Carlos de Guatemala y del Consejo de Enseñanza Privada Superior. Lo anterior implica la ejecución de una política educativa integral. Por lo tanto, se propone el fortalecimiento del Ministerio de Educación para la aplicación del sistema coordinación interinstitucional del sector educativo. Este sistema, por ejemplo, velará por la estrecha coordinación entre el Ministerio y las universidades para que la formación del docente esté vinculada con las competencias que de ellos se requieren.

 

El Ministerio de Cultura y Deportes deberá asegurar a través de una coordinación eficiente y efectiva la implementación de directrices y programas de preservación y promoción de la cultura, por lo que debe conjugar sus acciones con el Ministerio de Turismo para la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada tecnificación y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el coordinación interinstitucional fomentará el Empleo decente en el sector turismo y cultura.

 

II.D.2.b) COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

 

El Plan de Gobierno de Partido TODOS, instaurará la Secretaría de Ética Gubernamental, que tendrá a su cargo la función de monitorear todas las acciones y función de las dependencias y el cumplimiento proba de las funciones de los servidores y funcionarios del Gobierno, velando que los servidores y funcionarios públicos cumplan con todas sus obligaciones de manera ética. La Secretaría de Ética Gubernamental que sustituirá a la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, tendrá a su cargo el cumplimiento de la probidad y transparencia, en este sentido coordinará con la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación para validar los procesos legales.

 

En materia de seguridad ciudadana, la implementación y desarrollo de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, es el camino para superar la debilidad institucional, técnica y operativa de coordinación de las fuerzas de seguridad del país. Por lo que se impulsará la inteligencia civil, política criminal; así como la profesionalización de las fuerzas civiles de seguridad, con una visión técnica y preventiva. Se aumentará la coordinación interinstitucional y la capacidad de investigación de crímenes en el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Asimismo, el Ejecutivo trabajará con el máximo esfuerzo para lograr la coordinación interinstitucional con el Organismo Judicial para un resultado efectivo en combate a la corrupción y el crimen.

 

 

II.D.2.c) AMBIENTE, EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y TURISMO

 

Se coordinará el trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Ministerio de Turismo y entre otras entidades ambientales en protección al medio ambiente, considerando siempre el crecimiento y desarrollo económico de Guatemala en base al bienestar social. La reforestación a nivel nacional será una de las prioridades en la colaboración interinstitucional. Asimismo, promoverá plan interinstitucional de instalación de generadores fotovoltaicos y eólicos en las instalaciones del Estado y del sector privado, que contribuirá al marco de cambio climático.

 

Con la finalidad de contar con centros de trabajo libre de peligros y accidentes de trabajo se efectuará una coordinación y vigilancia de las condiciones generales de salud y seguridad ocupacional, en las cuales deben ejecutar las labores los trabajadores de entidades privadas, del Estado, de las municipalidades, de las instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas con el fin de proteger la vida, la salud y su integridad en la prestación de sus servicios laborales. La coordinación será eficaz y pertinente entre el Ministerio Salud Pública y Asistencias Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para tal efecto se realizará una revisión y modificación necesaria al Reglamento y disposiciones concernientes.

 

Para la promoción del Empleo se procederá a la revisión técnica y estratégica de la Política Nacional de Empleo Digno en coordinación con los Ministerios de Educación, Economía, Trabajo, Desarrollo Social y la Secretaria de Planificación de la Presidencia. En la revisión se tomará en cuenta al sector productivo del país. Se diseñará la hoja de ruta para para mejorar, promover y ejecutarla las políticas de empleo para obtener resultados en corto plazo para los guatemaltecos. Se darán los lineamientos desde el Organismo Ejecutivo para que las instituciones y dependencias relacionadas para que se desarrolle la hoja de ruta y su implantación. También se fortalecerá el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los servicios de Inspección del Trabajo, el fomento a la legalidad, el derecho de asociación, a la vez se implementarán una revisión a las normas internacionales de trabajo ratificadas por Guatemala, y una efectiva y transparente administración del Programa del Adulto Mayor.

 

Las acciones de coordinación interinstitucional en estas áreas prioritarias se centran en la conformación y coordinación para atender las necesidades de los guatemaltecos, en este sentido se ha definido las estrategias para atender temas relacionados con el ambiente, a ello deben se suma la necesidad de fomentar el turismo, a través de una entidad rectora que forme parte del Organismo Ejecutivo para que ejecute el desarrollo del turístico y promoviendo las reformas legales necesarios para su impulso.

 

II.D.2.d) DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA

 

Para lograr un verdadero desarrollo económico, es necesario impulsar un auténtico desarrollo de la infraestructura del país, para lo cual se requiere de acciones de coordinación interinstitucional como requisito previo a que el Ministerio de Comunicaciones fortalezca sus capacidades de gestión y especialmente, de control y evaluación de las obras contratadas. Luego de ello, su rol de coordinador de la inversión en infraestructura demandará un esfuerzo de coordinación con los otros ministerios y entidades que requieren de dotación de edificios e infraestructura física, especialmente en el caso de los de Educación y Salud, que deberán mantener una comunicación fluida y efectiva entre sí. Para el área de vivienda, se restructurará y fortalecerá el Consejo Nacional de Vivienda, en alianza público-privada, para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de vivienda, con énfasis en las de vivienda popular.

 

Lo anterior será complementado con reformas legales en materia de transparencia mencionadas en apartado anterior que, entre otras, incluye reformas a las leyes de contrataciones del Estado y probidad de los servidores y funcionarios públicos y con el fortalecimiento del Ministerio de Comunicaciones, Vivienda e Infraestructura como encargado de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos para la contratación de obra pública.

 

 

II.D.3) AYUNO PRESUPUESTARIO Y REESTRUCTRACIÓN DEL EJECUTIVO

 

Guatemala sufre todos los años por el déficit presupuestario, afectado por su alto gasto en relación con el ingreso generado por los impuestos, aumentando las deudas públicas y sencillamente provocando el abandono de la ejecución de política públicas y plan de obras que sirve para el desarrollo económico. Por esta razón nuestro Gobierno se enfocará en la austeridad en la ejecución de los gastos públicos y la reestructuración de las instituciones y dependencias del Ejecutivo.

 

En nuestro Plan de Gobierno, denominaremos “Ayuno Presupuestario” a la austeridad y la eficientización de la administración del gasto público. Para la ejecución del plan ayuno presupuestario es crucial recuperar la gobernabilidad presupuestaria. El presupuesto nacional es un valioso recurso que los guatemaltecos aportamos. Por esta razón, la ejecución del gasto público se basará en la correcta identificación y destino de este recurso para minimizar los gastos y maximizar el beneficio a la población.

 

Los recursos para el gasto son escasos, situación que se agrava por la excesiva rigidez por razones constitucionales, legales y mal diseño presupuestario. Actualmente menos del 20% del presupuesto es destinado para la ejecución de políticas públicas y casi un 40% o un porcentaje mayor del presupuesto es utilizado para cubrir prestaciones de empleados públicos y servicios relacionados.

 

Además de estos obstáculos en la administración del gasto público, otra serie de desafíos deben ser corregidos, como la poca flexibilidad legal en la disposición de los ingresos, el pago de las clases pasivas que limita la disponibilidad de recursos, el pago de la deuda interna y externa que son mal ejecutadas que solo generan intereses, los gastos en sueldos y salarios innecesarios y no adecuados que tienen un alto impacto en el gasto total, el injustificable impacto financiero de los pactos colectivos de condiciones de trabajo que las instituciones y dependencias del Estado suscribieron sin el debido análisis financiero, el proceso de formulación del presupuesto altamente burocrático, la ineficiente planificación de los gastos públicos, entre otras complicaciones que causan la ineficiencia y aumento de los costos de administración del presupuesto.

 

Nuestro plan de ayuno presupuestario consiste en fortalecer la administración de recursos del Estado. Para tal circunstancia, fortaleceremos y capacitaremos al personal a cargo de las compras y contrataciones del Estado, procurando que el personal sea experto en el tema de compras y contrataciones. Las compras y contrataciones deben ser un proceso transparente y abierto, incluyendo amplias posibilidades de realizar compras internacionales y de gobierno a gobierno.

 

En ese contexto, nuestro Gobierno ejecutará los siguientes ayunos presupuestario:

 

  • Aplicación de tecnología y gobierno electrónico en las instituciones y dependencias del Estado para lograr eficiencia y ahorro en los gastos. Eliminación de hojas físicas y suministros desechables que generan un alto gasto administrativo.

 

  • Identificación y análisis de las funciones y labores de los empleados y servidores contratados en todas las instituciones y dependencias del Estado para disminuir el pago de remuneraciones innecesarias. Estimación en reducción de pagos relativos a remuneración: 30% del monto total que se gasta en pagos de remuneraciones.

 

  • Integración, reducción y unificación de las instituciones de Gobierno, procurando mejora de eficiencia y reducción de gastos públicos.

 

  • Renovación y modernización de equipos que permitan mejorar la eficiencia y reducción de costos de operación.

 

  • Fortalecimiento de Guatecompras en verificación de costos reales y manejo técnico de las especificaciones para evitar la corrupción en las compras del Estado. Estandarización de comparación de precios nacionales e internacionales.

 

  • Identificación física de vehículos del Estado y prohibir el uso en días de descanso o para uso personal. Marcar todos los vehículos del Estado para una fácil identificación.

 

En caso de reestructuración de las instituciones y dependencias del Ejecutivo, se realizará un estudio técnico de las funciones que cumple las instituciones, con el objeto de reestructurar las instituciones y la unificación de las instituciones que cumplan funciones similares según áreas homogéneas. Esto se realizará en base al estricto análisis de la eficiencia y reducción de gastos públicos.

 

II.D.4) DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE

 

A pesar de las autonomías de los gobiernos municipales, Guatemala sigue siendo un país centralizado política, económica y socialmente. Casi la totalidad del sistema político se concentra en la Ciudad de Guatemala, así como el sistema económico que se encuentra centralizado en la capital, impidiendo un crecimiento y desarrollo de las áreas rurales. El poder local es débil, sin capacidad para administrar y garantizar los derechos fundamentales y menos en un desarrollo económico para su población.

 

Nuestro Gobierno promoverá reforma constitucional para aumentar la asignación para las municipalidades contenida en el artículo 257 de la Constitucional Política de la República de Guatemala en un 50%. Es decir, aumentar los 10% que recibe al 15%. Estos 50% de aumento serán distribuidos de la siguiente manera: 10% para las becas educacionales, 10% para viudas y madres solteras con necesidad, 10% para programas de salud del adulto mayor y 20% para las obras municipales dirigido al desarrollo económico local y bienestar de sus habitantes. Esto permitirá un empoderamiento del gobierno local y un mayor crecimiento integral.

 

Como forma de descentralización económica, se crearán zonas industriales y zonas francas en los puntos estratégicos y competitivos. Se promoverá la inversión público-privado para establecer las zonas de desarrollo industrial y se entregarán beneficios y asistencias a las empresas para motivar su traslado y realizar inversiones adicionales con el propósito de crear nuevos empleos. Asimismo, se promoverán nuevas industrias de comercio internacional, como la pesca, aprovechando las ventajas geográficas de Guatemala, se desarrollarán zonas de pesca industrial con centros de acopio y procesamiento de productos del mar, que permitirá a los pescadores artesanales e industriales comercializar todos sus productos sin riesgo a perderlos por la poca posibilidad de venta local. Para este fin, la Secretaría de la Pesca cumplirá el rol de intermediación comercial entre los pescadores locales y los países consumidores. De misma manera, en las áreas turísticas, se promoverá la industria del turismo, desarrollando centros turísticos que generará nuevos empleos, evitando la migración poblacional a la región metropolitana.

 

Estos centros de desarrollo económico y turístico producirán mayor ingreso para los gobiernos locales que podrán contar con mayores recursos para la ejecución de infraestructura, y servicios públicos, dejando a la administración central las políticas generales, y todo lo relacionado a la ejecución de proyectos a nivel nacional.

 

El rescate de la genuina y efectiva descentralización de la administración pública precisa retomar el espíritu y aplicar efectivamente la ley de descentralización; orientar el uso de recursos descentralizados en función de las áreas prioritarias de manera que el gasto descentralizado esté alineado a las prioridades de las políticas de Estado; y, velar por el uso probo de los recursos descentralizados.

 

LA DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA

 

  • Promover la descentralización, incrementando la asignación constitucional

 

  • Promover la descentralización económica y poblacional por medio de creación de centro de desarrollo económico

 

 

 

II.D.5) INTEGRACIÓN DE IDENTIDAD NACIONAL

 

Comentemos el error de hablar de una identidad nacional, integración e inclusión, mencionando en forma separada e individualizada, marcando claramente desde ese mismo momento, que existe una diferencia y que somos diferentes. Siempre hablamos de la riqueza cultural y diversidad étnica como orgullo nacional, pero no nos damos cuenta de que lo único que hacemos, es decir que un hermano guatemalteco es diferente a otro hermano y por ser diferente es necesario mencionarlo, porque creemos que, al no hacer esa diferenciación, no estamos incluyendo dentro de la sociedad y una gran nación llamada Guatemala.

 

Tampoco se trata de menoscabar la tradición, cultura, costumbre o las raíces

 

 

 

Nuestro Gobierno propone la integración de identidad nacional para el crecimiento y desarrollo como una Nación con una sola identidad, “Ser Guatemalteco” sin distinción, con igualdad de oportunidades y derechos.

 

 

 

Guatemala, un país, una familia, integrada por una riqueza étnica, multilingüe y cultural, debe amar, valorar, apreciar, considerar y respetar a todos sus miembros. No obstante, es necesario reconocer que existe la necesidad de una auténtica integración de la identidad nacional. Identidad que representa a todos los guatemaltecos con las mismas responsabilidades, obligaciones y derechos. Ningún guatemalteco es superior a otro. Una única y misma identidad nos dará una nación fortalecida y unida ante el mundo. Cada guatemalteco defenderá y ayudará a su hermano. Bastará que sea guatemalteco, sin otros requisitos que cumplir. La Nación se dirigirá en un mismo sentido hacía el desarrollo y crecimiento económico, haciendo observaciones constructivas y participando activamente, sin mantenerse al margen, si no en el seno del desarrollo. Antes de un interés individual, pondremos el interés común de TODOS los guatemaltecos y así Guatemala remontará el vuelo hacía el futuro con su nombre inmortal, alcanzando la meta de todo ser humano; la prosperidad para una vida digna.

 

II.D.6) RELACIONES Y COMERCIOS INTERNACIONALES

 

Identificamos claramente cuales son las necesidades y los intereses de Guatemala: Crecimiento y desarrollo económico. Nuestra política de relaciones exteriores será simple y sencilla, principiado en base a esta idea. La consigna clara de nuestro Gobierno para el sistema diplomático y de relaciones exteriores necesitamos una política exterior definida con objetivos precisos a conseguir en cada región o país del mundo en donde nos representaremos. El servicio diplomático apoyado en las políticas exteriores del gobierno y adecuadamente enterado y comprometido con ellas, puede contribuir de manera eficiente a mejorar la imagen de país, obtener el financiamiento de los proyectos de Gobierno, lograr alianzas políticas o diplomáticas y apoyar las causas y políticas del gobierno y de Estado. Las principales líneas de trabajo en este campo son:

 

  1. Integración Regional y unidad estratégica de Mesoamérica: la región es el punto de partida para nuestro desarrollo económico, pero es también fundamental para nuestras estrategias internacionales; acelerar los acuerdos y hacer operativos los acuerdos de la integración en lo institucional y económico es crucial. La Unión Aduanera Centroamericana es imprescindible para superar los obstáculos que afectan el comercio intrarregional, que podría ampliase entre 30% y 35%, según estimaciones del SICA, del cual Guatemala sería el país más beneficiado;

 

  1. Política de Neutralidad Activa: nuestro país mantendrá una política de neutralidad con los otros países para promover la paz mundial, la concordia, comercio internacional, turismo, inversiones, el cumplimiento de los acuerdos internacionales y la erradicación del terrorismo en el mundo;

 

  1. Comercio Internacional: El Gobierno de Guatemala promoverá activamente el comercio exterior, ampliando el comercio existente con los socios actuales y abriendo nuevas oportunidades de negocios con países que aún no han sido un aliado comercial. Negociaremos diferentes acuerdos de tratado de libre comercio que beneficie a Guatemala;

 

  1. Intercambio Educacional y Cultural: Promoveremos el intercambio de estudiantes para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de recibir una formación diferente y adquieran nuevas experiencias para implementarlo en Guatemala. Además, impulsaremos el intercambio cultural para dar a conocer al mundo sobre nuestra riqueza cultura y promover el turismo;

 

  1. Migración: la migración de los guatemaltecos al exterior es un asunto de suma importancia para nuestra política exterior e interior. Por esta razón, nuestro Gobierno mantendrá una política de protección a los migrantes, realizando programas de reintegración para aquellos migrantes que retornan a Guatemala. La política primordial para la migración será la ejecución de diferentes planes de gobierno que prevenga la emigración irregular de los guatemaltecos en busca de mejores condiciones de vida por la falta de oportunidad en Guatemala. Asimismo, mejoraremos los servicios consulares para los migrantes en el exterior.

 

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